Tecnológicas de Salud Exigen que Contratos Públicos se Indexen al IPC para Proteger Inversión y Estabilidad
En un llamado a la acción dirigido a los responsables políticos y autoridades sanitarias, las empresas tecnológicas de salud están exigiendo que los contratos públicos se indexen al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el fin de proteger la inversión y la estabilidad en el sector. Esta medida busca garantizar que las empresas que invierten en tecnología y servicios de salud puedan mantener su capacidad para innovar y mejorar la calidad de la atención médica, a pesar de la inflación y los cambios en el costo de vida. Según los líderes del sector, la indexación de los contratos públicos es fundamental para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la industria y para que los pacientes sigan recibiendo los servicios de salud de alta calidad que necesitan.
Tecnología Sanitaria Exige Contratos Públicos Indexados al IPC para Proteger Inversión y Estabilidad
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha pedido al Gobierno un cambio en la Ley de Contratos del Sector Público para que las licitaciones, adjudicaciones y productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica puedan indexarse a la evolución de los precios.
Según Pablo Crespo, Secretario General de Fenin, esta demanda es necesaria para proteger la inversión en tecnología sanitaria y evitar que la inflación ponga en riesgo la supervivencia de muchas empresas. Entre 2021 y 2024, la inflación acumulada ha sido del 18,5%, sin que los contratos con las administraciones vigentes en ese período se hayan actualizado.
El objetivo de Fenin es evitar que haya problemas de acceso a las innovaciones tecnológicas por parte de los profesionales sanitarios y de los pacientes, pero también que España pierda competitividad en un sector altamente innovador. Cada 30 minutos se registra una patente de tecnología sanitaria en la Unión Europea.
Un Modelo de Contratos Públicos más Justo
Crespo advierte de que cada vez los ciclos políticos son más cortos, lo que podría provocar que la visión de la Sanidad sea cortoplacista también. La calidad, y no solo el precio, debe ser el factor determinante en los contratos públicos de adquisición de tecnología sanitaria para los servicios de salud, señala.
Fenin trabaja con las administraciones sanitarias para que haya nuevos modelos de compra en los que al menos el 50% de los criterios de adjudicación estén ligados al valor que aporta el producto o servicio, en favor de diagnósticos más precisos y tratamientos más seguros.
La patronal CEOE extiende esta demanda a todos los sectores que operan con las Administraciones Públicas, suponiendo un cambio en la Ley de Contratos del Sector Público para que las licitaciones y adjudicaciones se indexen al IPC, como ocurrió hasta 2015.
Esperamos que el Gobierno atienda a esta petición y busque mejorar la estabilidad y la competitividad en el sector de la tecnología sanitaria, protegiendo la inversión y garantizando el acceso a las innovaciones tecnológicas para los pacientes y profesionales sanitarios.
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