- Carles Puigdemont rechaza al nuevo magistrado del Constitucional en el proceso del 'procés' y busca apartarlo también de la investigación sobre amnistía
- Puigdemont cuestiona imparcialidad de nuevo magistrado del Constitucional en el proceso del 'procés'
- Declaraciones públicas de Macías cuestionadas
- El Constitucional afronta el debate de la amnistía
- La garantía de acceso a un tribunal independiente e imparcial
Carles Puigdemont rechaza al nuevo magistrado del Constitucional en el proceso del 'procés' y busca apartarlo también de la investigación sobre amnistía
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha decidido rechazar la designación del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional en el proceso del 'procés', argumentando que su nombramiento es inadmisible y ilegítimo. Además, Puigdemont busca apartar al nuevo magistrado también de la investigación sobre la posible amnistía para los-independentistas catalanes. Esta decisión se produce en un contexto de gran tensión política en España, especialmente en relación con la cuestión catalana. El rechazo de Puigdemont al nuevo magistrado puede tener importantes consecuencias jurídicas y políticas en el proceso del 'procés' y en la investigación sobre la amnistía.
Puigdemont cuestiona imparcialidad de nuevo magistrado del Constitucional en el proceso del 'procés'
El líder de Junts, Carles Puigdemont, junto a Clara Ponsatí y Toni Comín, han presentado un escrito en el Tribunal Constitucional para apartar al nuevo magistrado, José María Macías, de todos los asuntos pendientes de deliberación que guardan relación con el proceso del 'procés'.
El documento, firmado por el abogado Gonzalo Boye, anticipa que los recurrentes tratarán de recusar a Macías de la deliberación sobre la ley de amnistía. Un análisis de los pronunciamientos realizados hasta la fecha por José María Macías lleva a Puigdemont a concluir que concurren datos bastantes para entender que no será parcial en estos asuntos [los relacionados con el procés] ni en los que en el futuro se generen respecto de la ley de amnistía.
Extremo este último sobre el cual nos pronunciaremos en el momento y sede procesal oportuna, añade el escrito en alusión a la aplicabilidad de la ley de amnistía, que se debatirá en el tribunal en los próximos meses.
Declaraciones públicas de Macías cuestionadas
El documento de 14 folios incluye una generosa lista de declaraciones públicas de Macías que, a juicio de los recurrentes, dejan patente su imparcialidad. Entre ellas, palabras de afecto a su amigo Pablo Llarena (instructor del procés) y denuncias a los ataques fascistas que ha sufrido el juez.
¿Qué garantía de imparcialidad hay cuando quien está llamado a decidir en un asunto calificó de nazis a los recurrentes y de amigo a quien dictó la resolución impugnada?, se pregunta el abogado Gonzalo Boye.
Entre las declaraciones cuestionadas se encuentran también unas que tratan sobre el acuerdo que dio paso a la ley de amnistía: Una amenaza en términos ya mafiosos, un toque de atención a los jueces que tengan que determinar como se aplica esa ley de amnistía.
El Constitucional afronta el debate de la amnistía
El Tribunal Constitucional afronta el debate de la amnistía sin prisa y sin saber cuántos magistrados podrán participar.
El magistrado José María Macías no piensa que ninguna de estas declaraciones sean motivo de recusación. Así lo desvelaron hace días fuentes del Tribunal Constitucional que citaban la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional, plasmada en el auto 107/2021.
En aquel auto, el Tribunal Constitucional explica que sus miembros han de ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional y, como tal, no puede extrañar que se hayan pronunciado voluntaria u obligatoriamente sobre materias jurídicas que deban tratar en el órgano de garantías.
La garantía de acceso a un tribunal independiente e imparcial
El abogado Gonzalo Boye, para sustentar las recusaciones, recurre a otra jurisprudencia, prestando especial atención al Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incluyendo consideraciones como esta: Las garantías de acceso a un tribunal independiente e imparcial constituyen la piedra angular del derecho a un proceso justo.
Cita también una sentencia del 26 de marzo de 2020 en la que el TJUE señala que todo órgano jurisdiccional está obligado a verificar si, por su composición, es un tribunal que tiene dichas características [independencia, imparcialidad] cuando surja sobre este punto una duda fundada. En otras palabras, la garantía al juicio imparcial constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio.
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