El PSOE recurre la licencia del crematorio de la M-40 por considerar que pone en riesgo la salud y la seguridad de los vecinos

El PSOE recurre la licencia del crematorio de la M-40 por considerar que pone en riesgo la salud y la seguridad de los vecinos

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido tomar medidas legales contra la licencia otorgada para la construcción del crematorio de la M-40, una instalación que, según los socialistas, supone un riesgo para la salud y la seguridad de los residentes en la zona. Esta medida se toma después de que la licencia fuera otorgada por el Ayuntamiento de Madrid sin considerar, según el PSOE, los impactos negativos que tendría en la calidad de vida de los vecinos. El partido considera que es necesario proteger los intereses de la ciudadanía y garantizar que se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier daño a la salud y la seguridad de los ciudadanos.

El PSOE impugna la licencia del crematorio de la M-40 por considerar que pone en peligro la salud y seguridad de los vecinos

El Grupo Municipal Socialista ha presentado un recurso de reposición contra la concesión de la licencia urbanística a la empresa Parcesa para la instalación de un horno crematorio en el tanatorio de la M-40. En el texto, los socialistas piden la retirada de la licencia a la Agencia de Actividades del Ayuntamiento debido a que consideran que la concesión es arbitraria, contraria a la normativa municipal y por poner en riesgo la salud de los vecinos y vecinas de Usera y Villaverde.

Los socialistas cuestionan las explicaciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que justifican la concesión en la obligación en el cumplimiento del fallo de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Según la portavoz del Grupo Socialista, Reyes Maroto, esta afirmación es falsa. La concesión de esta licencia es arbitraria y ha dependido únicamente de la decisión del Ayuntamiento contra la propia normativa municipal.

Normativa municipal incumplida

El Grupo Municipal Socialista argumenta que la solicitud de la licencia del crematorio se hace en 2015, por lo que no rige la Ordenanza de Calidad del aire y sostenibilidad, sino la normativa anterior, es decir, la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de 1985. En este sentido, el artículo 55.3 de esta norma estipula que los hornos de incineración de cadáveres deberán instalarse en las inmediaciones de tanatorios de manera que la distancia entre el foco de emisión y las viviendas no sea inferior a 250 metros.

Además, los socialistas destacan que la incineración de cadáveres produce emisiones de monóxido de carbono, partículas sólidas, mercurio, cadmio, plomo, cloruro de hidrógeno y óxido de nitrógeno, sustancias altamente tóxicas para las personas. A pesar de los sistemas de filtrado, la técnica hasta el momento no permite eliminar completamente estas emisiones, es decir, no existe ninguna incineradora que permita tecnicamente las emisiones cero.

Riesgo de emisión descontrolada

El proyecto de la incineradora contempla una chimenea de evacuación de gas con un sistema de apertura de emergencia que, en caso de fallo, permitiría la evacuación total de los gases de manera directa y total. Por tanto, se emitirían gases sin depurar, han advertido los socialistas.

Los socialistas enfatizan que existe en riesgo de emisión descontrolada y sin depuración con el consiguiente riesgo para la salud, de ahí que no se pueda ignorar el precepto de la distancia de 250 metros que prevé la normativa municipal entre el foco de emisión y el núcleo urbano.

Instalación de crematorio supone un daño para la salud

La instalación de crematorio supone objetivamente un daño para la salud en un entorno urbano con viviendas, centros educativos, de trabajo e instalaciones deportivas y el Ayuntamiento no ha realizado actividad administrativa que garantice la inocuidad de la referida actividad molesta e insalubre que se ubica sin respetar los 250 metros de distancia.

Por todo ello, desde el Grupo Socialista entienden que el Ayuntamiento liderado por Almeida no sólo ha hecho dejación de funciones al no efectuar ningún control sobre el proyecto de instalación, es decir, no ha emitido informes que avalen la concesión de la licencia, como indica la resolución del Supremo, sino que se han primado los criterios económicos frente al criterio de protección de la salud de los vecinos y vecinas.

El Grupo Socialista considera que la licencia otorgada por la Agencia de Actividades permite una actividad que lesiona el derecho fundamental a la salud y a la integridad física protegidos en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española, sin que la administración aplique medidas correctoras y de salvaguarda de la salud de los vecinos y vecinas.