La patronal catalana rechaza la reducción de jornada laboral propuesta por el gobierno, dejando en un impasse político el proyecto de reforma laboral.

La patronal catalana rechaza la reducción de jornada laboral propuesta por el gobierno, dejando en un impasse político el proyecto de reforma laboral.

En un nuevo revés para el ejecutivo, la patronal catalana ha manifestado su rotundo rechazo a la reducción de jornada laboral propuesta por el gobierno en el marco del proyecto de reforma laboral. Esta decisión ha generado un impasse político que pone en peligro la aprobación de la reforma, considerada fundamental para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y relanzar la economía del país. La reducción de jornada laboral, que buscaba establecer un límite de 35 horas semanales, era uno de los puntos clave del proyecto de reforma y su rechazo por parte de la patronal catalana ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa.

La patronal catalana rechaza reducir jornada laboral, jeopardizando proyecto de reforma laboral

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, han llevado a cabo una ronda de reuniones con los representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en Barcelona, pero nueve meses después de la firma del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, la negociación laboral se ha estancado.

El acuerdo de coalición establecía la reducción de la jornada laboral máxima hasta las 38,5 horas para este año, seguida de otra para aplicar las 37,5 horas en 2025. Sin embargo, la mesa de negociación no ha logrado avanzar debido a la oposición de las patronales.

La posición de Foment del Treball y CEOE

Foment del Treball ha dejado claro que su posición está totalmente alineada con CEOE, y que la reducción de la jornada laboral es una materia de la negociación colectiva. Ambas organizaciones han rechazado la propuesta del Ministerio de Trabajo de reducir la jornada laboral, lo que ha llevado a cancelar la reunión de la mesa de diálogo prevista para este jueves.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha reunido con los responsables de CCOO y UGT en Cataluña, pero la cita se ha trasladado al martes 24 sin concretar el porqué. El Ministerio de Trabajo no ha proporcionado un documento con los detalles de la propuesta de reducir las bonificaciones a las nuevas contrataciones, como se había comprometido a hacer una semana antes.

El papel del Ministerio de Trabajo

Desde la cartera de Díaz se limitan a enmarcar las reuniones de Barcelona como parte de los contactos con los agentes sociales y explican que los diferentes puntos de vista se pondrán en común en la próxima reunión del diálogo social. Respecto al papel, las fuentes del Ministerio dicen que no han modificado su posición desde el último encuentro y que son los negociadores de las organizaciones empresariales y los sindicatos los que ahora deben opinar sobre ello.

El Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado que el Ejecutivo ha diseñado un plan 'Pyme 375' con asesoramiento, planes de formación y bonificaciones a las contrataciones que sean producto de la reducción. Sin embargo, CEOE ha reaccionado cuestionando la imprecisión del programa y el intervencionismo del Ejecutivo por asignar este nuevo papel al SEPE.

La reacción de los sindicatos

CCOO y UGT han convocado movilizaciones para el próximo jueves 26 de septiembre frente a las sedes de la patronal. Los sindicatos han asegurado que si no se producen movimientos decisivos, las siguientes protestas irán dirigidas al Gobierno, el cual creen que debe apostar por el cambio en el Estatuto de los Trabajadores y llevarlo al Congreso de los Diputados, incluso si existe la posibilidad de que las formaciones de derecha impidan su aprobación.

Los secretarios generales de CCOO y UGT han asegurado que la posición de Junts ha sido determinante para acabar con la voluntad de la CEOE para llegar un acuerdo, y que el Gobierno debe apostar por el cambio en el Estatuto de los Trabajadores y llevarlo al Congreso de los Diputados.

Los sindicatos también han hecho referencia a los grupos de BNG, EH Bildu y ERC, que se han mostrado muy críticos con el último acuerdo de pensiones, con la advertencia de que las 37,5 horas semanales son el primer paso para el objetivo de 32 horas.