Desde el 1 de octubre, empresas turísticas deberán proporcionar datos de sus clientes a la Dirección General de Interior

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Desde el 1 de octubre, empresas turísticas deberán proporcionar datos de sus clientes a la Dirección General de Interior

La Dirección General de Interior ha emitido una nueva normativa que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, mediante la cual las empresas turísticas estarán obligadas a proporcionar datos de sus clientes a la mencionada institución. Esta medida tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana y prevenir delitos, permitiendo a las autoridades acceder a información valiosa sobre los huéspedes de hoteles, hostales y otros establecimientos turísticos. Esta normativa afectará a todos los establecimientos turísticos que prestan servicios de alojamiento, lo que incluye a agencias de viajes, operadores de turismo y otros proveedores de servicios relacionados con el turismo.

Nuevas obligaciones para empresas turísticas: desde octubre, deben proporcionar datos de clientes a Interior

Nuevas obligaciones para empresas turísticas: desde octubre, deben proporcionar datos de clientes a Interior

A partir del 1 de octubre, agencias de viajes, hoteles, cámpines, empresas de alquiler de vehículos y aplicaciones de alojamiento deberán proporcionar al Ministerio del Interior datos de sus clientes a través de una plataforma informática. Esta nueva obligación ha generado un rechazo considerable, especialmente entre las agencias de viajes, que se oponen a la medida.

La obligación de proporcionar datos de clientes está recogida en un real decreto de octubre de 2021 y ha sido duramente criticada por el sector, fundamentalmente por las agencias de viajes, que aseguran que es una norma de imposible cumplimiento.

Las agencias explican que las empresas prestadoras de los servicios de hospedaje y de alquiler de vehículos sin conductor ya disponen de los datos de los viajeros desde que la agencia de viajes intermediaria tramita una reserva con ellos, por lo que esta nueva obligación supone duplicar de forma innecesaria la comunicación de datos.

Según fuentes de Interior, la regulación está justificada por la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas terroristas y otros delitos cometidos por organizaciones criminales y no existen otras opciones para conseguir este fin.

Interior ofreció a los agentes turísticos un período de adaptación progresivo, hasta el 2 de junio del año pasado, aunque este límite se ha prorrogado en dos ocasiones, primero hasta el 31 de enero de 2024 y, posteriormente, hasta el 1 de octubre de este año. El ministerio asegura que ha tenido una interlocución permanente con los sectores afectados para facilitar su adaptación a los requerimientos de la nueva normativa y a la plataforma donde se introducen los datos.

La carga administrativa que supone cumplimentar los formularios ha sido criticada por las agencias de viajes, que consideran que es demasiado onerosa y desproporcionada. También piden que se alinee la normativa española con las europeas sobre protección de datos y derechos fundamentales.

Entre los datos de los viajeros que se piden a las agencias figuran el nombre, apellidos, DNI o pasaporte, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección, teléfono, correo electrónico o relación de parentesco entre los viajeros, además de los datos de pago. En los alquileres de vehículos sin conductor, además de todos los datos anteriores, se deben aportar los relativos al carnet de conducir tanto del conductor principal como de un segundo conductor si lo hubiera.

El Consejo de Turismo de la CEOE ha señalado igualmente la falta de adecuación tecnológica para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación, pues la plataforma no está plenamente operativa, añaden. Alertan de que la sobrecarga que supondrá esta nueva obligación afectará sobre todo a las pymes, que constituyen el núcleo del sector turístico, ya que son en torno al 95% de las empresas.

La representación de las agencias de viajes (Ceav, Acave, Fetave y Unav) han pedido la suspensión de la entrada en vigor del decreto, que podría tener consecuencias negativas significativas para el sector turístico en España.

Daniel Martín

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