El Consejo de Europa expresa preocupación ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a utilizar el 25% del castellano

El Consejo de Europa expresa preocupación ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a utilizar el 25% del castellano en las escuelas catalanas

El Consejo de Europa ha manifestado su preocupación ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que establece la obligatoriedad de utilizar al menos el 25% del castellano en las escuelas catalanas. Esta decisión ha generado un intenso debate en el panorama político y social catalán, ya que se considera que podría afectar la identidad lingüística y cultural de la región. El Consejo de Europa, máximo organismo internacional de defensa de los derechos humanos y la democracia, ha expresado su inquietud por las posibles consecuencias de esta medida en la diversidad lingüística y la cohesión social en Cataluña.

El Consejo de Europa expresa inquietud ante la sentencia del TSJC

El Consejo de Europa ve como una gran preocupación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena un 25% de clases en castellano en la escuela si una familia lo pide. Según un informe publicado este martes por el comité de expertos para la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, el organismo considera que estas decisiones son incompatibles con compromisos ratificados por el país en virtud del tratado y pide a las autoridades españolas que tomen todas las medidas necesarias para poner remedio la situación.

Al mismo tiempo, el Consejo de Europa lamenta la carencia de garantías dentro de la legislación española para celebrar juicios en lenguas regionales o minoritarias. El comité de expertos está profundamente preocupado por una serie de decisiones judiciales adoptadas por los tribunales superiores de justicia autonómicos y confirmadas por el Tribunal Supremo, la ejecución de las cuales ha generado incertidumbres sobre el uso de la lengua en la enseñanza en varias comunidades autónomas, señala el documento.

La Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias

Sobre esta cuestión, el organismo recuerda que España optó por el nivel de protección más elevado de las lenguas regionales y minoritarias cuando subscribió la carta europea, un hecho que implica impartir una enseñanza con la lengua regional o minoritaria como medio de instrucción, teniendo también en cuenta el castellano como lengua oficial del estado y la enseñanza de lenguas extranjeras. Este principio se tiene que aplicar de forma flexible, subrayan.

En este sentido, el comité de expertos vuelve a hacer mención de la carta europea y aclara que la protección de las lenguas minoritarias o regionales no tiene que ir en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de aprenderlas. En determinadas escuelas, según su entorno sociolingüístico, salvaguardar el aprendizaje de la lengua oficial del estado puede comportar la necesidad de reforzar la enseñanza utilizándolo como medio de una o más asignaturas; [.] pero fijar un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano para cada centro educativo es claramente contrario a los compromisos aceptados por España en virtud del artículo 8 de la carta europea, concluye.

Problemas en el sistema judicial

De una forma similar a la situación del catalán en las escuelas, el Consejo de Europa considera que España tiene un amplio margen de mejora en el sistema judicial. Según el informe publicado este martes, la legislación española actual no garantiza que los juzgados puedan llevar a cabo procedimientos en la lengua regional o minoritaria oficial a petición de las partes. Al mismo tiempo, observa que no parece que las partes en el proceso sean informadas específicamente de esta posibilidad en ningún momento, independientemente de si la parte tiene conocimiento o no del catalán.

De hecho, el documento denuncia que la mayoría de los órganos judiciales desatienden las peticiones de recibir documentación en lenguas oficiales regionales o minoritarias y lamentan que el número de diligencias realizadas en casos como el del catalán es bajo.

Otros servicios públicos

El comité no solo apunta a los juzgados, sino que también hace una breve mención a otros servicios públicos. Hay que hacer más esfuerzos para asegurar la presencia de todas las lenguas regionales, especialmente en la policía y en los servicios de salud, a pesar de que también en otros campos como los procesos de licitación con empresas privadas, que generalmente no incluyen requisitos lingüísticos específicos, destaca.

Sobre este último punto, si bien el Consejo de Europa reconoce que la administración local a menudo exige el conocimiento de la lengua regional entre los trabajadores públicos, también apunta que la disponibilidad de personal con suficiente nivel entre las administraciones estatales es bajo.

Otras lenguas regionales y minoritarias

Más allá de la situación del catalán en Cataluña, los expertos también hacen un apunte sobre el catalán en Aragón y el valenciano en zonas de Murcia, donde consideran que España tiene que garantizar la preservación y cierto nivel de protección a la lengua.

El estudio del Consejo de Europa no solo se centra en el catalán, sino que también analiza los casos del valenciano, el aranés, el vasco, el gallego o el asturiano, entre otros. En líneas generales, la conclusión es la misma, señalando que la implementación llena de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias en área como la justicia o la administración pública todavía no se ha logrado.

El comité de expertos pose especial atención en el caso de Aragón, las Baleares y el País Valenciano, donde ha detectado un deterioro en la situación de las lenguas regionales o minoritarias a lo largo de los últimos años.