El Gobierno envía el protocolo canario de atención a menores migrantes al Constitucional para evaluar su suspensión
En un pasó crucial en el proceso de evaluación de la política de atención a menores migrantes, el Gobierno español ha decidido remitir el protocolo canario de atención a menores migrantes al Tribunal Constitucional para determinar si debe ser suspendido. Esta medida se toma en respuesta a las alertas y denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos en el tratamiento de los menores no acompañados en las Islas Canarias. El protocolo en cuestión establece los procedimientos para la atención y protección de estos menores, y su eventual suspensión podría tener implicaciones significativas en la política migratoria del país.
Gobierno envía protocolo canario de atención a menores migrantes al Tribunal Constitucional
El ministro de Política Territorial, Víctor Torres, junto con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, han decidido remitir el protocolo canario de atención a menores no acompañados al Tribunal Constitucional (TC) para evaluar su suspensión.
Esta medida llega después de más de una semana de tensiones entre el Ejecutivo central y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien aprobó un documento que limitaba la competencia de la comunidad para hacerse cargo de los menores que llegan al archipiélago en cayucos.
Un conflicto de competencias
Según el Gobierno, se está produciendo un conflicto de competencias y acusa al Ejecutivo canario de desentenderse de sus funciones. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado que una comunidad autónoma no puede no cumplir con las propias y atribuirles otras al Estado.
El Consejo de Estado ha emitido un informe en el que se sostiene que se está produciendo una violación del orden constitucional y una vulneración de los derechos constitucionales que cabe atribuir a los menores en situación de abandono.
La inconstitucionalidad del protocolo
Según el ministro de Política Territorial, la inconstitucionalidad de dicho protocolo no se limita al ámbito puramente competencial, sino que también encierra una vulneración de los derechos fundamentales, al afectar a la protección y acogida de los menores migrantes no acompañados.
El Gobierno ha decidido elevar el protocolo al TC para que evalúe su suspensión, después de que el presidente de Canarias se negara a retirarlo en una semana, como le exigía el Ejecutivo central.
La decisión del Gobierno es un paso más en el conflicto entre el Ejecutivo central y el presidente de Canarias, que se ha intensificado en las últimas semanas.
El Gobierno ha decidido actuar y defender sus competencias y los derechos de los menores migrantes no acompañados, que llegan a las costas canarias en cayucos.
La decisión del TC será fundamental para determinar el futuro del protocolo canario y la responsabilidad de las autoridades competentes en la atención a estos menores.
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