El PP acelera el proceso para impugnar la amnistía en el Tribunal Constitucional

El PP acelera el proceso para impugnar la amnistía en el Tribunal Constitucional

En un nuevo giro político, el Partido Popular (PP) ha decidido acelerar el proceso para impugnar la amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados en el Tribunal Constitucional. Esta medida, que busca frenar la medida de gracia aprobada por la mayoría parlamentaria, ha generado un gran revuelo en el panorama político español. El PP, liderado por Pablo Casado, considera que la amnistía es inconstitucional y que atenta contra la justicia y la estabilidad del país. La impugnación se realizará a través de un recurso de inconstitucionalidad, que será presentado en las próximas horas ante el máximo tribunal del país.

El PP acelera el proceso para impugnar la amnistía en el Tribunal Constitucional

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el coordinador general, Elías Bendodo, han decidido impulsar los recursos contra la ley de amnistía en el tramo final del plazo establecido, que concluye el próximo 11 de septiembre.

Según fuentes del partido, el día elegido para presentar los recursos podría ser la víspera, el 10 de septiembre, como aventuró el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago. Sin embargo, desde Génova aseguran que aún no hay una fecha decidida, pero la decisión de agotar los tiempos se tomó ya en junio.

¿Por qué nos vamos a precipitar si tenemos 90 días para hacerlo?, explicitó entonces el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien añadió que lo razonable es agotar los plazos y estudiar muy bien esta ley.

En privado, cargos del PP han repetido durante los últimos seis meses que no tienen confianza extrema en el criterio del Tribunal Constitucional (TC) porque está trufado políticamente con Cándido Conde-Pumpido a su cabeza. De hecho, el partido ya ha anunciado que pedirá la recusación del presidente del tribunal de garantías, así como de los dos magistrados que proceden del Gobierno: el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez.

El PP busca evitar que los jueces del Tribunal Supremo se pronuncien bajo el varapalo del Constitucional, por lo que decidió no recurrir la amnistía durante las semanas posteriores a su publicación en el BOE. Esta estrategia se ha seguido también en el conflicto de atribuciones que el Senado planteó al Congreso.

La Cámara Alta solicitó así a la Baja que suspendiera la tramitación de la amnistía por entender que no era constitucional. La Mesa del Congreso rechazó el requerimiento y el Senado descartó elevar el caso al TC, aunque justificó la decisión en que la respuesta no había sido adecuada, ya que opinaba que era el Pleno el que debía pronunciarse.

Finalmente, el Tribunal Supremo acordó el pasado 1 de julio no aplicar la ley de amnistía a los investigados por delito de malversación en la causa del procès y mantuvo la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig.

Los recursos del PP y las comunidades autónomas ya están prácticamente culminados. Pese al poco optimismo que existe con el tribunal de garantías, desde el partido de la oposición aseguran que no se han planteado en ningún momento renunciar a esta vía. Es un deber jurídico y moral, aseguran.