- La justicia confirma la suspensión del protocolo de recepción de menores migrantes en Canarias
- Justicia confirma suspensión del protocolo de menores migrantes en Canarias
- Desbordamiento de acogida de menores
- Situación de desamparo
- Competencias estatutarias y constitucionales
- Protocolo territorial canario
La justicia confirma la suspensión del protocolo de recepción de menores migrantes en Canarias
En un golpe a la política migratoria española, la justicia ha confirmado la suspensión del protocolo de recepción de menores migrantes en Canarias. Esta medida, que había sido adoptada por el Gobierno central, buscaba regular el flujo de menores no acompañados que llegan a las islas canarias procedentes de África y otros países. Sin embargo, la suspensión ha sido ratificada por los tribunales, lo que supone un revés para la administración en su intento de gestionar la crisis migratoria en la región. Esta noticia tiene un gran impacto en la comunidad migrante y en las organizaciones que trabajan en la zona, y genera un gran debate sobre la política migratoria española.
Justicia confirma suspensión del protocolo de menores migrantes en Canarias
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido mantener la suspensión cautelar del protocolo de menores migrantes de la comunidad autónoma, tras desestimar la solicitud del Gobierno de Canarias de levantar la medida.
En su auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo argumenta que se trata de una resolución urgente y excepcional derivada de la vulnerabilidad de los menores y con el fin de garantizar su máxima protección.
Desbordamiento de acogida de menores
La Sala asume que la capacidad de acogida de menores migrantes en Canarias ha sido desbordada notoriamente y las cifras no hacen sino aumentar, con cerca de 6.000 menores a cierre del mes de septiembre.
Por ello, se apela a la lealtad institucional y una interacción mucho más intensa entre las administraciones, ya que no basta con la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Infancia.
Situación de desamparo
La Fiscalía defiende que, si se levanta la suspensión cautelar, los menores quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo.
Además, se critica que tanto la Fiscalía como el Gobierno regional no solo apelen en defensa de su respectivo planteamiento a sus propios títulos competenciales, sino que también se refieren al alcance de los que no son suyos.
Competencias estatutarias y constitucionales
Ambas partes manifiestan actuar en su defensa y, por tanto, no tratan de hacer valer distintos intereses, sino que invocan a su favor la protección del interés del menor.
La Sala afirma que sería innecesaria la adopción de un protocolo territorial y si lo que se hace es desarrollar el protocolo marco estatal de 2014 y si hubiera un persistente incumplimiento, como sostiene el Gobierno canario, remarca que lo procedente sería denunciar la inacción del Estado.
Protocolo territorial canario
La Sala asegura que si se aplicara el protocolo territorial canario hay una fundada y razonable sospecha de que con las medidas dispuestas puede ralentizarse el momento de entrega y recepción de los menores a las autoridades responsables, lo que repercute negativamente en sus derechos.
Por eso, impone mantener el actual 'statu quo', sabiendo que el protocolo es susceptible de ocasionar una demora en la entrega y recepción de los menores migrantes no acompañados y de que dicha demora puede repercutir negativamente sobre su esfera jurídica y el haz de derechos que les asisten.
La Sala aclara también que para fijar el levantamiento de la medida cautelar habría que acreditar que no hay riesgo alguno de que se vaya a producir una ralentización en la atención inmediata que requieren los menores afectados o la acreditación de que dicha ralentización no va a resultar perjudicial para la protección de los derechos del menor. Y ni una ni otra cosa han podido demostrarse suficientemente en este trance, apunta.
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