En este día, 1 de octubre, se cumplen siete años desde que el independentismo catalán dio un paso histórico hacia la autodeterminación, sin embargo, la realidad actual es muy diferente a la que se esperaba. La lucha por la independencia de Cataluña se ha estancado en un camino sin gobierno propio, con la justicia pendiente de sentencia por malversación y la búsqueda de una solución financiera para la región. A pesar de la incertidumbre, el independentismo sigue siendo una fuerza política importante en la región, con líderes y partidarios que siguen luchando por alcanzar su objetivo. En este artículo, analizaremos el estado actual del independentismo en Cataluña y las perspectivas para el futuro.
- Siete años después del 1-O: el independentismo en Cataluña sin gobierno propio y justicia pendiente
- El movimiento social y la Diada
- La Ley de Amnistía y la justicia pendiente
- El camino hacia la financiación singular
- Nuevos líderes y entrada de la ultraderecha
- La represión del 1-O y la respuesta del Govern
Siete años después del 1-O: el independentismo en Cataluña sin gobierno propio y justicia pendiente
La celebración del referéndum de autodeterminación en Cataluña hace siete años ha cambiado por completo el panorama político-social. Tras más de una década de gobiernos independentistas, este verano fue investido como presidente de la Generalitat un líder del PSC, el primero desde José Montilla. El exministro de Sanidad, Salvador Illa, asumió el cargo gracias a los apoyos de ERC y los Comuns y con la convicción de devolver la estabilidad institucional a Cataluña.
Además, el nuevo jefe del ejecutivo cogía el testigo de Pere Aragonès y, al igual que el republicano, se comprometía a defender la aplicación de la Ley de Amnistía tras su entrada en vigor en junio y, fruto de los acuerdos de investidura con ERC, a impulsar una nueva financiación para Cataluña.
Las elecciones catalanas del 12 de mayo evidenciaron la tendencia a la baja del soberanismo, tras quedarse con el 43,6% de los votos -el porcentaje más bajo desde el comienzo del 'procés'- y 61 escaños entre Junts, ERC, la CUP y la extrema derecha Aliança Catalana, que irrumpía en el Parlament con dos parlamentarios.
Por otra parte, la Diada de este año fue la más minoritaria en los últimos diez años, a pesar de hacerse descentralizada, en Barcelona acudieron 60.000 personas, según la Guardia Urbana.
La Ley de Amnistía y la justicia pendiente
El 11 de junio de este año se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Tras meses de negociaciones entre el PSOE y ERC y Junts, entró en vigor una norma que se ha ido aplicando a un centenar de dirigentes independentistas, manifestantes y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El ejecutivo español cifra entre 300 y 400 los beneficiarios de la ley, cifra que no incluye a los líderes del 'procés' condenados por malversación. El Supremo confirmó ayer que no va a amnistiar al exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.
El camino hacia la financiación singular
En marzo, Aragonès presentó una propuesta de financiación singular en la que Cataluña pasaría a gestionar el 100% de los tributos con el objetivo de recaudar el doble de lo que percibe con la financiación autonómica actual. A priori, este modelo fiscal parecía pasar al olvido tras el batacazo electoral de los republicanos.
Sin embargo, la necesidad del PSC de conseguir los votos de ERC para investir a Illa llevó a que acordaran implementar la financiación singular. El 'cupo' catalán, que mantendría la cuota de solidaridad territorial, recibió el beneplácito del Gobierno de Pedro Sánchez, pero también el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP y del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Nuevos líderes y entrada de la ultraderecha
El último ciclo político ha llevado a los partidos independentistas a mover 'ficha' tras la pérdida de parte del electorado. Mientras, Junts se prepara para renovar la cúpula del partido; ERC vive una 'lucha' interna para elegir la nueva presidencia de la formación, en medio de la polémica de los carteles y la estructura 'B'; y la CUP ultima la refundación del partido después tras finalizar el 'Procés de Garbí'.
Por su parte, las entidades catalanistas ya pidieron nuevos liderazgos durante la Diada de cara a los procesos congresuales que inician en las próximas semanas. En este contexto hay que incluir la aparición de la ultraderecha independentista: Aliança Catalana.
La escisión del Front Nacional de Catalunya ganó presencia mediática en las elecciones municipales después de que su líder, Sílvia Orriols, ganase los comicios en Ripoll y fuese proclamada alcaldesa. En las catalanas, la formación, que aboga por la declaración unilateral de independencia y acusa a la inmigración -poniendo el foco en la de creencia islámica- de generar inseguridad en Cataluña, consiguió dos escaños y 117.877 votos.
La represión del 1-O y la respuesta del Govern
Los primeros pasos hacia la convocatoria del referéndum al margen del Gobierno de Mariano Rajoy, que rechazaba la convocatoria de la votación, llevaron a que en septiembre, Puigdemont y su ejecutivo dieran un salto más, dotándose de un aval parlamentario propio que les blindara ante represalias políticas y judiciales.
El choque de trenes ya estaba a punto de producirse y el Estado, ante la inminencia del referéndum ilegal, desplegó a miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por Cataluña. Muchos de ellos se alojaron en tres cruceros atracados en el Port de Barcelona.
La respuesta del Govern a este despliegue policial en Cataluña fue la convocatoria del 1-0 y la llamada a las urnas. Muchos de los centros de votación eran colegios o centros cívicos, que fueron ocupados por activistas la noche anterior para evitar el precinto de los Mossos d'Esquadra.
El choque se hizo realidad el 1 de octubre de 2017, los mandos de los cuerpos policiales decidieron que agentes de los Mossos (en aquel entonces con el mayor Josep Lluís Trapero al frente) se personaran en los colegios electorales para impedir los comicios. Estos solo levantaron actas. Y el Govern, al ver la cantidad de gente que acudía a votar (2,2 millones de personas, según su propio recuento, con un 90% de 'síes' a la independencia) decretó el censo universal para que se pudiese depositar la papeleta en cualquier colegio electoral abierto.
Policía Nacional y Guardia Civil desplegaron a sus propios agentes en los centros de votación, encontrándose con la resistencia de los allí presentes a que requisaran las urnas. Las cargas policiales comenzaron a producirse y a viralizarse rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación de todo el planeta. Para el independentismo, estos hechos supusieron una muestra de la represión ejercida por el Estado y cifraron en 893 las personas heridas.
Las protestas ciudadanas ante la violencia policial se trasladaron a las calles de Barcelona dos días después del referéndum, el 3 de octubre. El Rey Felipe VI pronunció un discurso televisado esa misma noche en el que hizo un llamamiento al orden constitucional.
En los días sucesivos, no se produjo ningún tipo de acercamiento entre el Govern y el Gobierno, y este alejamiento se confirmó el 27 de octubre de 2017, con la declaración de independencia unilateral por parte del president Carles Puigdemont en el Parlament, ante el clamor de miles de catalanes y el estupor de otros miles.
Pocas jornadas antes, el 16 de octubre, Sànchez y Cuixart eran enviados a prisión preventiva a la cárcel madrileña de Soto del Real por orden de la jueza de la Audiencia Nacional (AN) Carmen Lamela, por el delito de sedición.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El entonces presidente Mariano Rajoy (PP) activó la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, lo que supuso un total de siete meses con la autonomía suspendida hasta el mes de mayo de 2018. Rajoy cesó a Puigdemont (que se marchó a Bélgica, donde aún se encuentra, al igual que hicieron los exconsellers Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín; la exconsellera Clara Ponsatí lo hizo a Escocia) y a todo su Govern y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 2017.
El 30 de octubre, el Fiscal General del Estado presentó una querella ante la AN por rebelión contra el gobierno de Puigdemont y otra ante el Tribunal Supremo (TS) contra los miembros de la Mesa del Parlament. Ambas altas instancias judiciales admitieron sendas querellas el 1 de noviembre.
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