El Gobierno español se refugia en el derecho europeo para justificar la rebaja de penas a etarras, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Huma

El Gobierno español se refugia en el derecho europeo para justificar la rebaja de penas a etarras, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la ley penal vigente

En un controversial movimiento, el Gobierno español ha decidido recurrir al derecho europeo para justificar la rebaja de penas a miembros de la organización terrorista ETA. Esto sucede a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había avalado la ley penal vigente, lo que ha generado una gran polémica en el país. La decisión del Ejecutivo ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y de las víctimas del terrorismo, quienes ven en esta medida un intento de rehabilitar a los miembros de la banda terrorista.

El Gobierno español se refugia en el derecho europeo para justificar la rebaja de penas a etarras

Hasta este lunes, nadie había reparado en las implicaciones del proyecto de ley que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el pasado 18 de septiembre. Más de 40 etarras, según el recuento de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), podrían ver reducidas sus condenas y siete de ellos podrían ser excarcelados.

La norma, cuya aprobación es inevitable, ha provocado un torbellino político al que el Gobierno responde de la manera siguiente: la medida es una adaptación de la normativa europea y supone una mejora de la seguridad jurídica.

La adaptación a la normativa europea

A efectos prácticos, la nueva norma obligará a tener en cuenta los años de condena que los terroristas han cumplido en Francia para calcular la pena que les queda por cumplir a día de hoy. Y por mucho que diga el Gobierno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que si bien no pertenece a la UE, sí forma parte del Consejo de Europa) ha avalado que los tribunales españoles no computen las penas cumplidas en Francia para calcular la prisión máxima que se impone a los condenados por terrorismo.

La ley que ha aprobado el Congreso explica en su preámbulo que entre sus funciones está la de mejorar la efectividad de una decisión marco del Consejo. Ahí está el quid de la cuestión. Esta decisión marco (2008/675/JAI) trata sobre la forma en que los Estados miembro de la UE toman en consideración las condenas aplicadas por otros Estados miembro.

Señala, entre otras cosas, que sería conveniente que todos estos países atribuyeran a las condenas impuestas por los demás Estados los mismos efectos que a las dictadas por el propio.

La oposición del PSOE y el PP

El PSOE justifica que los cambios que acortan penas a etarras buscan mejorar la seguridad jurídica y adaptarse a Europa.

Por su parte, el PP se propone revertir la jugarreta del Gobierno que permitirá reducir las condenas a más de 40 etarras.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Finalmente, en octubre de 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó los recursos de tres etarras que denunciaban una violación del derecho a la libertad porque el Supremo no tuvo en cuenta las condenas que habían cumplido en el país galo.

Por un lado, el tribunal de Estrasburgo consideró que en el momento en el que se pronunciaron las condenas de los demandantes, e incluso después, cuando los interesados solicitaron la acumulación de las penas cumplidas en Francia, el derecho español no preveía, en una interpretación razonable del mismo, que las penas ya cumplidas en Francia se tuvieran en cuenta a los efectos de determinar la duración máxima de prisión de treinta años.

Además, la sentencia del TEDH rechazó que se hubiera producido una violación del artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Consideró por tanto, que al fijar condenas de 30 años (la máxima legal) para terroristas que habían cumplido previamente penas en Francia era una decisión legal.

Javier García Gaztelu 'Txapote' e Iránzu Gallastegi 'Amaia' podrían ser dos de los beneficiados por esta medida, que ha generado un gran debate político en España.