En un paso importante hacia la protección de los derechos de los usuarios de servicios de dependencia, la iniciativa popular para reducir los copagos en estas instituciones ha llegado al Congreso. Esta medida surge como respuesta a la creciente inquietud de la sociedad ante la situación actual, en la que en algunos casos, los copagos alcanzan un alarmante 90% de la cantidad a pagar. Esta cifra ha generado gran preocupación entre los afectados y sus familiares, quienes ven cómo la carga económica de estos servicios se vuelve cada vez más insostenible.
La iniciativa popular para reducir copagos en dependencias llega al Congreso con un llamado a la urgencia
Una persona tiene que esperar, de media, 323 días para ser valorada para acceder a los servicios de la 'ley de dependencia'. Esta demora es solo uno de los problemas que aquejan a este sistema, que según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), favorece la desigualdad.
El Pleno del Congreso de los diputados debatirá y votará hoy la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca acabar con los copagos confiscatorios en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Esta ILP ha sido impulsada por Cermi y cuenta con el apoyo de casi 740.000 firmas.
Un sistema que necesita reforma
Según Óscar Moral, Asesor jurídico de CERMI Estatal, esta ILP tenía que ser llevada al Congreso, y luego modificarla si se cree conveniente, pero que al menos sea tenida en cuenta, que se reactive y se debata. La iniciativa contempla principalmente la eliminación del copago de los servicios que se prestan a través de la ley de dependencia.
Actualmente, el copago se aplica a las rentas iguales o superiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), unos 600 euros al mes (7.200 al año). Sin embargo, la ILP propone elevar el límite a 2,5 veces el IPREM, unos 1.500 euros al mes, y que el copago no supere el 60% del coste del servicio.
La desigualdad entre comunidades
La situación actual provoca un copago exacerbado, grandes diferencias entre territorios y no asegura el ejercicio y garantía del derecho, sino su compra, por lo que expulsa a potenciales beneficiarios de los servicios sociales, según Luis Cayo Pérez, presidente de Cermi.
Además, hay muchas desigualdades entre unas comunidades y otras, pero no se sabe cuánto, ya que los datos son confusos. Sabemos que existen copagos en todos los servicios, pero varía mucho de unas comunidades a otras y eso genera mucha desigualdad porque hay 17 modelos distintos, con precios distintos, porcentajes distintos…, señala Moral.
La necesidad de flexibilidad
La ley es demasiado rígida y debería ser más flexible y adaptarse a las necesidades de cada persona. La ILP se centra en los copagos y no contempla otra demanda histórica de los beneficiarios de la ley de dependencia y sus familias, que es el tema de las incompatibilidades que existen en la ley.
La ley, tal y como está ahora, contempla muchas incompatibilidades, y muchas de ellas tendrían que valorarse porque, por ejemplo, la prestación por cuidados en el entorno familiar es incompatible con casi todas las prestaciones, al igual que el servicio de atención diurna, que es incompatible con todo, prácticamente, explica Moral.
La reforma necesaria
La ILP propone ampliar algunos de los servicios que plantea la ley, como los servicios de ayuda en el domicilio, que son insuficientes, y por supuesto, habría que elevar las cuantías máximas y mínimas de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar, el tema del asistente personal, que tenemos que fomentar, etc..
Hay personas que no llegan a entrar en el sistema porque fallecen antes. Eso crea frustración y situaciones que no permiten a las personas llevar una vida digna, alerta Moral. Para reducir las listas de espera, no hay otra que poner medios y recursos, concluye.
Deja una respuesta