El Ejecutivo intenta aplazar las demandas de los sindicatos soberanistas en el Parlamento Europeo

El Ejecutivo intenta aplazar las demandas de los sindicatos soberanistas en el Parlamento Europeo

En un intento por ganar tiempo y evitar confrontaciones, el Ejecutivo ha decidido aplazar las demandas de los sindicatos soberanistas en el Parlamento Europeo. Esta medida se toma en un momento de gran tensión política en el que los grupos independentistas están presionando para obtener concesiones y reconocimiento de sus demandas. Sin embargo, el Gobierno está determinado a mantener la unidad del país y no ceder a las presiones de los sindicatos soberanistas, que buscan mayor autonomía o incluso la independencia total.

El Gobierno intenta aplazar demandas sindicales sobre despido y permiso parental en el Parlamento Europeo

El Ejecutivo español ha vuelto a dar la espalda a las reclamaciones sindicales en el Comité Europeo de Derechos Sociales, con sede en Estrasburgo. Después de que el organismo dependiente del Consejo de Europa dictase que la regulación del despido no permitía resarcir el daño causado al trabajador, el Ejecutivo mantiene abierto un enfrentamiento con los sindicatos nacionalistas CIG y ELA, y pone en duda su legitimidad para impulsar este tipo de quejas.

Las organizaciones presentaron dos demandas colectivas en octubre de 2023 y marzo de 2024, lo que abrió un proceso en el que el Ejecutivo tiene que argumentar por qué debe o no admitirse esa reclamación a través de la Abogacía del Estado.

En los dos casos, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha defendido que la denuncia no cumple el punto del protocolo que recoge que pueden interponerlas las organizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores representativas sometidas a la jurisdicción de la parte contra la que se dirige la reclamación.

La reclamación del sindicato gallego CIG

El sindicato gallego fue el primero de los dos en dar el paso, apenas unos meses después de que UGT 'estrenara' la herramienta tras la ratificación de la Carta Social Europea (revisada) por parte de España en 2021.

En la reclamación, la organización sindical defiende que la regulación del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2023 -fijado en 1.080 euros brutos en 14 pagas- no era conforme al artículo 4.1 de la carta, al no alcanzar el 60% del salario medio, en contra de lo defendido por el Ministerio de Trabajo y el presidente, Pedro Sánchez.

La organización que encabeza Paulo Simón también dedicó una parte del citado documento en explicar por qué entendía estar legitimado para impulsar la reclamación, por ser el más representativo de Galicia y haber sido tenido en cuenta durante años por el mismo comité al elaborar los informes de cumplimiento (reporting system) publicados anualmente.

La reclamación del sindicato vasco ELA

ELA, en cambio, registró el requerimiento a inicios de 2024. El sindicato del País Vasco y Navarra argumenta que la ley española no es conforme a los artículos 17.1, 16,12.3,17.1 y 30 de la carta social porque el permiso por nacimiento de las familias monoparentales es solo de 16 semanas, lo que entienden que supone una clara discriminación del menor nacido en una familia monoparental y de su madre frente a los que nacen en hogares con dos progenitores que tendrían su cuidado directo durante al menos 26 semanas (dado que el primer mes es obligatorio para ambos).

En esta ocasión, las observaciones de inadmisibilidad presentadas por el Gobierno también hacen alusión a la ausencia de legitimidad de ELA para impulsar la demanda, en lugar de hacer comentarios sobre cuestiones referidas al fondo o las medidas llevadas a cabo en esa materia.

El sindicato vasco hace referencia a su presencia en órganos como el CES (Consejo Económico y Social) y a sus aportaciones a la elaboración de los reales decretos del ministerio de Yolanda Díaz.

El escrito enviado por la Abogacía del Estado a Estrasburgo el pasado 2 de octubre, incide en que los estatutos de este sindicato se define su objeto de actuación como en defensa de los intereses de una parte limitada del territorio nacional, es decir, los trabajadores de Euskal Herria, lo que chocaría con su postura de defensa de los asalariados en general a la que aluden en la reclamación.

Por ello, el Gobierno defiende que solo una interpretación excesivamente amplia del concepto de representatividad del comité podría permitirle actual y señala fórmulas colaborativas como vía alternativa.

ELA ha rechazado hacer declaraciones al respecto.