La banca española lucha contra la Hacienda por evadir pago del impuesto especial

La banca española lucha contra la Hacienda por evadir pago del impuesto especial

En un nuevo episodio de la disputa entre la banca española y la Hacienda, los principales bancos del país se niegan a pagar el impuesto especial que se les exige. Según fuentes cercanas al caso, los bancos argumentan que este impuesto es inconstitucional y que su aplicación supondría un grave perjuicio para la economía española. Por su parte, la Hacienda mantiene que el pago de este impuesto es obligatorio y que los bancos deben asumir su responsabilidad en la recaudación de impuestos. Esta disputa se encuentra en un punto crítico, y se espera que en las próximas semanas se produzca un desenlace que afectará significativamente al sector financiero español.

La banca española se enfrenta a una dura batalla fiscal con Hacienda por el impuesto especial

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha dado el toque de atención a las principales entidades bancarias españolas, lo que eleva la tensión en torno a la polémica medida del impuesto especial al sector financiero.

Tras una revisión en la que el ministerio considera que los bancos han pagado menos de lo que les corresponde por esta tasa, las entidades ya han sido notificadas vía carta de los supuestos errores en la liquidación del gravamen. La inspección se encuentra en período de alegaciones, dando paso a que los afectados puedan expresar y argumentar su disconformidad al respecto.

El origen de las discrepancias

El origen de las discrepancias se encuentra en las deducciones que aplican a la hora de estimar cuánto les corresponde pagar. En concreto, Hacienda ha puesto la lupa sobre la manera de calcular el importe, que excluye los ingresos procedentes del área de seguros, el negocio internacional y los cupones de bonos AT1.

Las deducciones tienen un papel crucial, ya que a menor base imponible, la cantidad a abonar se reduce. Las divergencias con el fisco enfrentan al sector a posibles costes adicionales después de desembolsar más de 3.000 millones desde su entrada en vigor en 2022.

El impuesto especial al sector financiero

En un ejercicio marcado por la crisis energética, la guerra de Ucrania y el repunte desbocado de la inflación, el Gobierno tomó la decisión de aprobar este impuesto de carácter temporal con la intención de gravar con el 4,8% el margen de intereses y las comisiones generadas por el negocio bancario en España.

La medida solo implicaba a aquellas que en 2019 -antes de la pandemia- hubiesen facturado más de 800 millones. El objetivo de Moncloa pasaba por recaudar hasta 7.000 millones en dos años, cifra que incluye a las compañías energéticas que hubieran contabilizado un volumen de facturación de 1.000 millones en el ejercicio previo a la Covid-19.

La recaudación y la prórroga del impuesto

La recaudación durante 2024 ha rozado los 2.900 millones, montante similar al obtenido un ejercicio atrás. De esta cantidad, 1.164 millones proceden de las empresas energéticas, mientras la banca ha sufragado los 1.695 millones al calor de unos beneficios históricos.

La prórroga hasta diciembre de 2024 y la intención de convertirlo en permanente ha generado un alud de críticas. El argumento más repetido se centra en que ningún país europeo cuenta con una figura tributaria de estas características más allá de 2024.

La reacción de la banca y el Ejecutivo

Los principales espadas de la banca española han mantenido reuniones con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, solicitando una reformulación del impuesto. La principal queja emana de que un banco puede sufrir pérdidas y, pese a ello, verse abocado a pagar la tasa extraordinaria, que califican de injusta y discriminatoria al dejar fuera a las firmas extranjeras y las cajas rurales.

La presión entre la banca y el Ejecutivo se podrían acentuar a raíz de esta investigación, que arrancó hace meses. Las primeras actuaciones tuvieron lugar el pasado enero, cuando empezaron a notificar en algunos casos de que se procedería a comprobar si las liquidaciones se habían ejecutado correctamente.

Se trata de un proceso que la Agencia Tributaria realiza de manera recurrente, aunque en algunas ocasiones se dilatan en el tiempo. La batalla fiscal entre la banca española y Hacienda promete ser dura y larga.