ONGs de defensa de la vivienda denuncian que ley del Ejecutivo es inadecuada para abordar la crisis habitacional.

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ONGs de defensa de la vivienda denuncian que ley del Ejecutivo es inadecuada para abordar la crisis habitacional.

En un contundente comunicado, varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) de defensa de la vivienda han denunciado que la ley del Ejecutivo actualmente en vigencia es inadecuada para abordar la crisis habitacional que afecta a miles de familias en todo el país. Según estas organizaciones, la ley no aborda de manera efectiva las causas profundas de la crisis, como la especulación inmobiliaria y la falta de acceso a viviendas asequibles, y en lugar de eso, se centra en solucionar los síntomas de la crisis, sin atacar sus raíces. Las ONGs exigen al gobierno que revise y modifique la ley para que pueda realmente abordar la crisis habitacional.

Otras organizaciones de defensa de la vivienda denuncian la inadecuación de la ley del Ejecutivo para abordar la crisis habitacional

Este domingo 13 de octubre, se convocó una manifestación en la plaza de Atocha, en Madrid, en respuesta a la continua subida de los precios del alquiler y los cada vez mayores obstáculos para adquirir un hogar en propiedad. La convocatoria cuenta con el apoyo de partidos políticos como Más Madrid, Sumar o Podemos, sindicatos mayoritarios como UGT y CCOO, y organizaciones de base que centran su actividad en la lucha por la vivienda.

Entre los convocantes se encuentran organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y la Asamblea de Vivienda de Villalba, que han decidido unirse en un bloque crítico que denuncia que las fuerzas políticas parlamentarias de izquierda o derecha defienden los intereses de los rentistas y especuladores y no avanzan hacia asegurar el derecho a la vivienda.

La ley del Ejecutivo, insuficiente para abordar la crisis

La ley del Ejecutivo, insuficiente para abordar la crisis

Beatriz García, activista de la PAH de Vallecas, afirma que la ley no está consiguiendo rebajar los precios, sino que los mantiene a través de ayudas, algo con lo que coincide Lucía, militante del Sindicato de Vivienda de Carabanchel. No nos podemos contentar con que se ralentice la subida de precios cuando ya están a unos niveles insostenibles para gran parte de la población. Además, señalan que la normativa deja fuera a todos aquellos inquilinos cuyos caseros son pequeños propietarios (menos de diez viviendas), no regula la presencia de los pisos de alquiler y permite que prosiga la ejecución de deshaucios.

Según García, es una ley absolutamente insuficiente porque queda mucha gente fuera. El bloque crítico de los movimientos de vivienda ha desarrollado una serie de reivindicaciones entre las que se encuentra la creación de un parque de gestión y construcción pública en el que no sea posible la venta de los inmuebles sino que se opte por modelos de alquiler de larga duración o gestión en torno a cooperativas, para evitar que haya una privatización de vivienda públicas como ha sucedido históricamente desde los años 60.

Reivindicaciones del bloque crítico

Entre las reivindicaciones del bloque crítico se encuentran la creación de un parque de vivienda pública permanente, el fin de los deshaucios, la prohibición de los cortes de suministros, la desarticulación de las empresas de desocupación, y la incorporación de todas las casas absorbidas por la Sareb y otros bancos rescatados a ese parque público de vivienda, así como todas las casas vacías y rehabilitadas con dinero público.

Los convocantes denuncian que los gobiernos no han mostrado ninguna voluntad por limitar el beneficio inmobiliario sino que actúan en la dirección contraria, con la reducción de la carga fiscal a las socimis como ejemplo. Critican directamente a los políticos profesionales que tratan la vivienda como una cuestión con objetivos meramente electorales. Para estos colectivos solo la organización de base puede llegar a conseguir que eso suceda.

En ese sentido, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos llama a iniciar una escalada de movilizaciones hasta desembocar en una huelga de alquileres. Mientras que el Sindicato de Vivienda de Carabanchel señala a una fecha concreta, el lunes 14 de octubre, el día siguiente a la manifestación, en el que está fechado el desahucio de Ana María, después de 30 años habitando en una vivienda pública.

Daniel Martín

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