El Ejecutivo estudia un acuerdo con sus socios para redefinir el impuesto especial a las entidades financieras
En un anuncio trascendental, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de redefinir el impuesto especial que grava a las entidades financieras, con el fin de alcanzar un acuerdo consensuado con sus socios. Esta iniciativa gubernamental tiene como objetivo mejorar la competitividad del sistema financiero y favorecer el crecimiento económico. A través de este nuevo enfoque tributario, se busca incentivar la inversión y fortalecer la estabilidad del sector financiero. La reforma fiscal que se avecina tiene el potencial de impactar significativamente en la economía del país, por lo que se espera un debate intenso en los próximos días.
Gobierno estudia reformar impuesto a entidades financieras para atraer inversión
El Gobierno español ha enviado a la Comisión Europea su plan fiscal estructural, que incluye la conversión de la tasa extraordinaria al sector financiero y energético en permanente. Esto implica que dichos gravámenes pasarán a tener la consideración de impuestos, lo que abre la puerta a cambios en su diseño.
Fuentes gubernamentales han trasladado a La Información la posibilidad de que esta figura sea reformulada de cara a la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. La idea sería fijar las condiciones antes de que pase a ser un tributo más, siempre que el Ejecutivo sea capaz de llegar a un acuerdo con sus socios.
Ejecutivo analiza acuerdo con socios para redefinir tasa a sector financiero y energético
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, han explicado que el documento enviado al organismo pilotado por Ursula Von der Leyen evidentemente conlleva la extensión o permanencia de los mismos. Así, con el objetivo de evitar que decaiga al término de 2024 se contempla la opción de prorrogarlo al menos hasta que se apruebe la ley que lo convierte en impuestos, que también aplica para el sector energético.
La tasa actual grava con un 4,8% las comisiones y los intereses obtenidos por el negocio en España. No obstante, solo van dirigidas a aquellas que en el conjunto de 2019 -justo antes de la pandemia- hubieran registrado un volumen de negocio superior a los 800 millones. Este umbral ha sido uno de los más criticados por los diferentes bancos afectados, ya que puede darse una situación en la que una entidad registre pérdidas y, pese a ello, se vea obligada a pagar el impuesto.
Además, la normativa excluye a las cajas rurales y las firmas extranjeras, factor que les hace competir en desventaja, según han reprochado en reiteradas ocasiones.
El sector financiero ha puesto sobre la mesa la necesidad de reconsiderar la tasa tras la llegada de Cuerpo al departamento de Economía a principios de este 2024. La intención de que pase a tener carácter definitivo después de tres años se enmarca dentro del compromiso con Sumar como parte del acuerdo de investidura para formar Gobierno a finales del año pasado.
Las negociaciones también incluyen al sector energético, otro de los afectados por dicho gravamen. En este sentido, el departamento que lidera María Jesús Montero ya trabaja en una fórmula legal para aprobar las deducciones prometidas en aras de aliviar la carga impositiva. En concreto, el incentivo se debe añadir en una norma con rango de ley y resultaría de aplicación para inversiones estratégicas realizadas desde el 1 de enero de 2024.
La Agencia Tributaria ha recaudado con estas dos tasas casi 2.900 millones durante 2024, cifra similar a la obtenida un año atrás, cuando ingresó 2.908 millones. Un montante que puede ser superior a raíz de la investigación abierta por Hacienda en la que ha detectado discrepancias con las deducciones que aplican las entidades a la hora de estimar cuánto les corresponde abonar y el importe que realmente han satisfecho.
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