El Ejecutivo analiza convertir la 'paga extra' por sobrecarga en Inspección de Trabajo en un beneficio permanente para los trabajadores

El Ejecutivo analiza convertir la 'paga extra' por sobrecarga en Inspección de Trabajo en un beneficio permanente para los trabajadores

En un paso hacia adelante en la protección de los derechos de los trabajadores, el Ejecutivo está analizando la posibilidad de convertir la paga extra que se otorga a los funcionarios de la Inspección de Trabajo por sobrecarga en un beneficio permanente. Esta medida tiene como objetivo reconocer y compensar el esfuerzo adicional que realizan estos profesionales para garantizar el cumplimiento de las normas laborales en el país. La iniciativa busca no solo mejorar la situación laboral de los funcionarios, sino también reforzar la lucha contra el fraude laboral y proteger los derechos de los trabajadores.

El Ejecutivo considera convertir la 'paga extra' por sobrecarga en Inspección de Trabajo en un beneficio permanente

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Gobierno está analizando la posibilidad de convertir la productividad por intensidad de la actividad, también conocida como paga extra, en un beneficio permanente para los trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2021-2023), aprobado en noviembre de 2021, incluía el refuerzo y la reestructuración de la plantilla, como resultado de un acuerdo suscrito por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

La idea era que esta productividad fuera un pago puntual, pero el retraso del Gobierno para cumplir con lo acordado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) llevó a repetir este pago en 2023 y, según fuentes conocedoras, también se producirá en 2024, dado que aún no se ha puesto en marcha el prometido refuerzo.

Además, las mismas fuentes desvelan que la intención del Gobierno es convertir esta prima en permanente, siempre que se alcancen los objetivos ligados a ese año.

Productividad adicional a la productividad ordinaria

Esta productividad es adicional a la productividad ordinaria, que también está pendiente de revisar al hilo del acuerdo citado anteriormente para adecuarlo a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico.

Los representantes de los trabajadores confían en que se abone antes de que finalice el año, en noviembre o diciembre, puesto que es independiente de la paga extraordinaria de aquellos trabajadores que reciban su nómina en 14 pagas.

Reparto de la productividad

El año pasado este pago se efectuó a través de una nómina extraordinaria en noviembre, con una cuantía que en función del rango profesional de los funcionarios y el personal laboral oscilaba entre los 2.153 y los 1.128 euros.

El reparto se realizó de forma idéntica al año anterior, aunque se incorporó un incremento del 2,5% como una nueva compensación al retraso en la aplicación de la RPT.

Intención de hacer estructural la autorización

Una circular interna de uno de los sindicatos representados en la mesa delegada del Ministerio de Trabajo y Economía Social ya mencionaba en el mes de julio esta intención de hacer estructural la autorización de la Secretaría de Presupuestos y Gastos dependiente de Hacienda, para que en los años posteriores no fuera necesaria para el reparto de los seis millones de euros destinados a esta partida.

En esta reunión, la dirección de la Inspección de Trabajo planteó revisar los criterios de reparto de esta prima al hacerla estructural, algo que las centrales sindicales rechazaron.

Sin avances en el refuerzo de la Inspección

El departamento de Función Pública, encabezado por José Luis Escrivá hasta septiembre, tenía previsto convocar a los sindicatos tras el verano para informar de la situación de la citada RPT.

Este movimiento no se ha producido desde su salida, por lo que los representantes de los trabajadores siguen a la espera de conocer cuándo se aplicarán los refuerzos pactados hace tres años.

En el momento de la firma, la plantilla estaba integrada por 3.000 empleados, unos medios que denuncian que son insuficientes para asumir la carga de trabajo derivada de toda la normativa laboral aprobada en este período.

Es por eso que los diferentes sindicatos no solo se han mostrado críticos con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la que desde el departamento de Trabajo se ha señalado como responsable de frenar estas incorporaciones, sino a la líder de Sumar, para la que creen que ha dejado de ser una cuestión prioritaria.