- Entidades catalanas exigen a Illa una solución inmediata en alquiler social después del anulación del Tribunal Constitucional
- Entidades catalanas exigen a Illa una solución inmediata en alquiler social después del anulación del Tribunal Constitucional
- Lucha contra el desahucio: entidades sociales y sindicatos de Cataluña demandan cambios inmediatos en la Ley de Vivienda
En un giro inesperado, el Tribunal Constitucional ha anulado la ley de alquiler social en Cataluña, dejando a miles de familias en situación de inestabilidad y incertidumbre. Ante esta situación, diversas entidades catalanas han unido su voz para exigir al Gobierno de la Generalitat, liderado por Pere Aragonès, y a la Consejera de Vivienda, Carla Illa, una solución inmediata para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos. La presión crece y se espera una respuesta rápida y efectiva para paliar los efectos de esta decisión judicial.
Entidades sociales y sindicatos de Cataluña han reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, una solución inmediata en materia de vivienda y de alquiler social después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado nulos varios artículos de la Ley de Vivienda de Catalunya de 2022.
El portavoz de la PAH, Juanjo Ramon, le ha emplazado a que se deje de grandes anuncios populistas en temas de vivienda y se ponga las pilas, en rueda de prensa ante el Parlament este viernes, en la que también han intervenido representantes de CC.OO. de Catalunya, UGT de Catalunya, CGT, Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), el Sindicat de Llogateres, la Taula del Tercer Sector, Irídia y Tscat.
Entre otros, el TC ha declarado inconstitucional el artículo que obliga a ofrecer alquiler social antes de presentar una demanda judicial, en respuesta al recurso de inconstitucionalidad promovido por el grupo del PP en el Congreso.
Las entidades han cifrado en más de 19.000 los alquileres sociales en riesgo de no renovación, y han asegurado que Cataluña es el territorio con más desahucios de España, con una media de 34 diarios.
Respecto a la promesa del Govern de tener 50.000 viviendas públicas para 2030, la también portavoz de la PAH, Delia Cerare, ha replicado que el problema de la vivienda es urgente, es a día de hoy.
Ramon ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz a que sean competentes y que regulen el alquiler social en todo el Estado y que, si no, autoricen a las comunidades autónomas a hacerlo ellas.
Durante la rueda de prensa, simpatizantes han coreado gritos de 'El alquiler social lo queremos estatal', 'Tenemos derecho: agua, luz y techo' y 'Sí se puede', y han mostrado pancartas criticando al TC.
La representante de UGT de Cataluña, Enriqueta Duran, ha asegurado que el precio del alquiler es una de las principales causas del empobrecimiento de las personas trabajadoras.
El representante de CC. OO. de Cataluña, Daniel Cruz, ha erigido la vivienda como el problema más importante que sufre la clase trabajadora y el de CGT, Iru Moner, ha pedido un cambio de liderazgo en las organizaciones sociales para hacer frente a las élites, en sus palabras.
Desde Irídia, Sira Martínez ha pedido al TC, al que se ha referido como supuesto garante de los derechos fundamentales, que defienda el de la vivienda, y la representante de la Aliança Contra la Pobresa Energètica, María Campuzano, ha acusado al tribunal de posicionarse del lado de los poderes económicos.
El miembro de la ANC, Carles Sastre, ha criticado que las leyes catalanas son rechazadas en Madrid de manera sistemática y ha dicho que en una Cataluña independiente la gente viviría mejor.
David Rodríguez (Tscat) ha advertido que las situaciones de riesgo habitacional provocan enfermedades físicas, mentales y sociales, ante lo que Susana Roig, de la Taula del Tercer Sector, ha reclamado de una vez por todas un pacto nacional de la vivienda.
El representante del Sindicat de Llogateres, Marcel Valls, ha asegurado que el fallo del TC da más motivos para salir a las calles el 23 de noviembre, cuando está prevista una manifestación contra los rentistas culpables, los políticos responsables y también los tribunales que les hacen el trabajo sucio.
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