La indefensión de los indefensos: personas con discapacidad intelectual víctimas de injusticia en los tribunales
En un sistema judicial que se supone justo y equitativo, las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a una realidad cruel: la indefensión. A pesar de ser reconocidos como víctimas de injusticia, estos individuos carecen de los recursos y la representación necesarios para defender sus derechos en los tribunales. La discapacidad intelectual no solo les impide acceder a la justicia de manera efectiva, sino que también los hace más vulnerables a la explotación y el abuso. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo podemos garantizar que las personas con discapacidad intelectual tengan acceso a un proceso judicial justo y equitativo?
Injusticia en la justicia: personas con discapacidad intelectual víctimas de indefensión
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha condenado al Estado español por vulnerar el igual acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual. Esta condena se produjo después de una denuncia presentada por Plena Inclusión España, que observó que un preso con discapacidad intelectual condenado en 2015 a 25 años no había tenido un juicio con condiciones de igualdad.
Según Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena Inclusión España, las personas con discapacidad intelectual a menudo no entienden ni saben cómo utilizar sus derechos. Esto se debe a que muchas veces las personas con discapacidad intelectual pasan desapercibidas por los procedimientos, y no se les ofrecen los medios necesarios para que entiendan el proceso.
Un caso paradigmático
El caso que llevó a la denuncia de Plena Inclusión España es el de una persona con una discapacidad intelectual del 73%, previamente reconocida, que fue condenada sin que en ningún momento se le facilitaran los ajustes de procedimiento necesarios para garantizar su derecho de defensa y a un juicio justo.
Vimos que era una persona que había sido condenada a 25 años y que tenía unas necesidades de apoyo muy elevadas, pues tenía problemas de comprensión, no entendía el lenguaje legal ni lo que decía el abogado… No poner apoyos para que entendiera el proceso vulneraba varios artículos de la Convención, explica Inés de Araoz.
La condena de la ONU
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU concluyó que España había vulnerado el artículo 13 y el 9 de la Convención, y recomendó al Estado español que indemnice a la persona afectada y que garantice que no se vuelva a producir una situación similar.
El Comité lo expone claramente y concluye que tanto los jueces como la fiscalía deberían haber actuado de oficio y con la debida diligencia en cuanto se percataron de la discapacidad del autor.
Un cambio legislativo necesario
Para garantizar que los procesos que atañen a las personas con discapacidad se lleven a cabo con todas las garantías, es necesario cambiar la legislación y las políticas actuales. Hay que cambiar legislación y políticas para eliminar las barreras que experimentan las personas con discapacidad intelectual en el acceso a la justicia y la participación de las personas con discapacidad en todos los procedimientos judiciales, en igualdad de condiciones, insiste Inés de Araoz.
Nosotros siempre hemos dejado claro que no debatimos el fondo del asunto, hay que tener respeto por las víctimas y las familias, que también tienen derecho a su reparación. Nosotros solo queremos que en los juicios se garanticen los derechos procesales de las personas con discapacidad.
Plena Inclusión España ha defendido durante años que se extienda y dote con los fondos necesarios a la figura del facilitador judicial, para garantizar que las personas con discapacidad intelectual tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
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