La carencia de apoyos y recursos públicos, en el origen de la escasez económica que aqueja a un tercio de las familias que tienen un miembro con disca

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La carencia de apoyos y recursos públicos, en el origen de la escasez económica que aqueja a un tercio de las familias que tienen un miembro con discapacidad

La falta de apoyos y recursos públicos es un obstáculo significativo para las familias que tienen un miembro con discapacidad. Según un reciente informe, un tercio de estas familias se ven afectadas por la escasez económica, lo que limita su capacidad para acceder a oportunidades y servicios básicos. La carencia de recursos y apoyos especializados hace que estas familias deban enfrentar desafíos adicionales para cubrir las necesidades específicas de sus miembros con discapacidad. Esto conlleva a una situación de vulnerabilidad económica y social, que afecta negativamente la calidad de vida de estas familias.

La pobreza alcanza a un tercio de las familias con personas con discapacidad

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Plena Inclusión se une a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) para denunciar la situación de precariedad en la que viven miles de familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

La falta de apoyos públicos y el sobreesfuerzo económico que estas familias deben asumir para cubrir las necesidades cotidianas de sus seres queridos las condena muchas veces a una situación de pobreza estructural.

Un 30% de las personas con discapacidad en riesgo de pobreza

Un 30% de las personas con discapacidad en riesgo de pobreza

Según el Informe sobre el Estado de la Pobreza de 2023, la EAPN alerta que el 30% de las personas con discapacidad en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 22,7% de la población sin discapacidad.

Para las más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, esta cifra es aún más alarmante debido a las barreras adicionales a las que se enfrentan.

Baja inserción laboral y sobrecoste familiar

Desde Plena Inclusión, se señala que la baja inserción laboral se ha convertido en uno de los factores clave que perpetúan esta precariedad.

Según el último informe del INE, solo el 23,8% de las personas con discapacidad intelectual tienen empleo, una cifra que está 44,8 puntos por debajo del resto de la población.

Además, la tasa de actividad de este colectivo alcanza apenas el 35%, lo que refuerza la necesidad urgente de medidas que faciliten su acceso igualitario al mundo laboral.

Por otro lado, el sobrecoste familiar asciende a una media de 27.000 euros anuales por familia, lo que refleja el impacto económico que supone el apoyo constante a las personas con discapacidad intelectual.

Efectos colaterales de la Ley 8/21

La Ley 8/21 (modificación legislativa sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual) puede dejar a las personas y a las familias en una situación aún más precaria debido a la pérdida de prestaciones y beneficios fiscales.

Es inadmisible que miles de familias que ya enfrentan el desafío de cuidar y apoyar a personas con discapacidad intelectual tengan que verse abocadas a la pobreza por la falta de apoyos públicos adecuados, denuncia Enrique Galván, director de Plena Inclusión.

Demanda de medidas urgentes

Plena Inclusión reclama medidas urgentes para garantizar recursos suficientes para estas familias que faciliten el acceso a la plena ciudadanía.

Entre las demandas históricas que Plena Inclusión reclama, destacan:

  • Acceso preferente y facilitado al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para las familias con personas con discapacidad a su cargo.
  • Compatibilización del IMV con la prestación por hijo a cargo en el caso de hijos e hijas con discapacidad, así como el aumento de esta prestación a 170 euros mensuales por hijo menor y hasta 570,2 euros para hijos con más de un 65% de discapacidad.

La falta de apoyos también se refleja en el acceso al sistema educativo, a prestaciones sociales y ayudas. Plena Inclusión insta a las administraciones públicas a priorizar estas necesidades y garantizar un acceso igualitario y digno para las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

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Daniel Martín

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