El Partido Popular planearía un nuevo enfrentamiento con el Congreso para aprobar la reforma que disminuiría las penas de los miembros de ETA

El Partido Popular planearía un nuevo enfrentamiento con el Congreso para aprobar la reforma que disminuiría las penas de los miembros de ETA

En un nuevo episodio de tensión política, el Partido Popular estaría diseñando una estrategia para lograr la aprobación de una reforma que reduciría las penas de los miembros de la organización terrorista ETA, según fuentes cercanas al partido. Esta iniciativa podría generar un nuevo enfrentamiento con el Congreso de los Diputados, donde la formación popular no cuenta con los apoyos necesarios para aprobar la medida. La reforma, que se encuentra en el centro del debate político, ha generado fuertes críticas y divisiones en el espectro político español.

El PP intenta un nuevo enfrentamiento con el Congreso para aprobar la reforma que beneficia a etarras

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la portavoz en el Senado, Alicia García, anuncian un nuevo conflicto con el Congreso de los Diputados.

Según fuentes parlamentarias del Partido Popular, el Senado planteará un choque con el Congreso la semana que viene en relación a la reforma legal que rebajará las penas dictadas en España contra etarras que han sido condenados previamente en Francia.

El conflicto de atribuciones

Todo surge de un desencuentro entre el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la del Congreso, Francina Armengol, sobre la tramitación de esta reforma de la ley orgánica 7/2014. La norma se aprobó por unanimidad en el Congreso el 18 de septiembre, sin que el PP, Vox y UPN fueran conscientes de que implicaría rebajas de condenas a etarras que han cumplido años de prisión en Francia.

Al darse cuenta de que habían cometido un error injustificable (palabras de Alberto Núñez Feijóo), los populares trataron de devolver la reforma legal del Senado al Congreso.

El 14 de octubre, el Senado votó en contra de la reforma legal. Durante la tramitación en la Comisión de Justicia del Senado, ningún grupo parlamentario propuso ninguna enmienda a la reforma legal, por lo que muchos asumieron que el rechazo en el Pleno no tenía efecto legal alguno.

El choque institucional

Pero aquel 14 de octubre, Pedro Rollán anunció que, con el rechazo del Senado, la norma volvería a la Cámara Baja. Fuentes populares acotaron que, según recogía un informe de los servicios jurídicos del Senado, el rechazo del Pleno se entendía como un veto, pese a que no se hubiera presentado ninguna enmienda de veto en el período estipulado.

La Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara que controlan con mayoría PSOE y Sumar, contradijo al presidente del Senado. La Cámara Baja anunció que entendía como validada la reforma legal, una interpretación que también se basaba en un informe de los letrados de la Cámara.

La publicación en el BOE

Este sábado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la norma que obligará a los tribunales a conmutar las penas impuestas por la justicia francesa.

El conflicto llegará al Constitucional

El Senado, controlado por la mayoría absoluta del PP, planteará este conflicto alegando que la norma no debió entenderse como validada, sino que se debería haber sometido a una nueva votación en el Pleno.

De ser así, la tramitación de la reforma se habría dilatado, pero el resultado habría sido el mismo, dado que cuenta con un respaldo mayoritario en la Cámara.

El conflicto llegará al Tribunal Constitucional, que deberá dirimir si, como denunciará la Cámara Alta, el Congreso ha asumido atribuciones que no le corresponden.

El conflicto institucional en el que se embarcan los populares está regulado por la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

El procedimiento

El primer paso del conflicto es que una de estas instituciones, en este caso el Senado, le haga saber a otra -véase, el Congreso- que está invadiendo sus atribuciones.

Si el Congreso toma una de estas dos vías, entonces el Senado podrá acudir al Constitucional.

Entonces el Constitucional iniciará un procedimiento en el que se podrán personar las partes, y finalmente resolverá el conflicto por sentencia, llegando a declarar nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones.

El precedente de la amnistía

El precedente inmediato de este conflicto ocurrió el 10 de abril, cuando el Senado planteó otro conflicto contra el Congreso por la tramitación de la ley de amnistía.

En aquella ocasión, el PP en el Senado se basó en otro informe de los servicios jurídicos de la Cámara para alegar que el Congreso había tramitado una reforma encubierta de la Constitución.

La Mesa del Congreso tardó seis días en rechazar el requerimiento del Senado, por estimar que el Congreso de los Diputados ha actuado en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones.

Una vez recibida esta respuesta, el Senado contaba con el plazo de un mes para elevar el conflicto al Tribunal Constitucional, pero la Cámara Alta consideró que el Congreso había incumplido el procedimiento.

Fuentes del partido aseguran que en este caso llevarán el asunto hasta el final.