La exigencia de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha de un pago de 3.000 millones de euros por la infrafinanciación ha generado un importante debate sobre la equidad en la distribución de recursos entre las diferentes regiones de España. Estas comunidades autónomas argumentan que han sido sistemáticamente perjudicadas por un modelo de financiación que no refleja adecuadamente sus necesidades y capacidades económicas.
Cuatro comunidades reclaman millones por infrafinanciación en Fitur, Barones territoriales se unen para exigir compensación al Gobierno central
En enero, en la feria turística Fitur de Madrid, los presidentes de Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía se unieron para reclamar al Gobierno central de Pedro Sánchez más de 3.000 millones de euros para compensar su déficit de ingresos para la prestación de servicios públicos.
Esta minicumbre, conocida como 'la conjura de Fitur', se basó en el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que señala una infrafinanciación anual para Andalucía de 1.409 millones; para Comunitat Valenciana, de 1.148 millones; para la Región de Murcia, de 405 millones; y para Castilla-La Mancha, de 315 millones.
Estas comunidades buscan la reforma del modelo de financiación autonómica para acabar con esta situación, planteando la activación de un mecanismo de nivelación que iguale sus ingresos con la media del resto de regiones.
El informe de Fedea alerta sobre el riesgo de un sistema de financiación autonómica a la carta, negociado de forma bilateral con comunidades como Cataluña, lo que podría privar al Estado de los recursos necesarios para garantizar la cohesión social y territorial. La Generalitat valenciana estima en 7.128 millones el fondo por la infrafinanciación hasta 2027.
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