La Audiencia Nacional ha confirmado la presencia de tres cárteles que operaban para manipular contratos relacionados con la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). A pesar de ello, se ha decidido reducir las multas impuestas a las empresas involucradas en estas prácticas ilícitas. Este veredicto pone de manifiesto la gravedad de las acciones llevadas a cabo por estos grupos organizados para influir en los procesos de contratación de una entidad tan importante como Adif. Es crucial que se tomen medidas contundentes para erradicar este tipo de prácticas fraudulentas que afectan no solo la transparencia en las adjudicaciones públicas, sino también la competencia leal en el mercado. La ratificación de la existencia de estos cárteles es un paso importante hacia la justicia y la integridad en el sector de las infraestructuras en nuestro país.
La Audiencia Nacional confirma existencia de cárteles en contratos ferroviarios de Adif
La Audiencia Nacional ha ratificado la existencia de tres cárteles entre empresas del sector ferroviario que durante años se repartieron de manera ilícita los concursos convocados por ADIF. En marzo de 2019, la CNMC impuso a 15 empresas multas que sumaban 118 millones de euros y sancionó a catorce de sus directivos con 666.000 euros por repartirse los contratos de Adif para la construcción y mantenimiento de los sistemas de electrificación y electromecánica de los trenes convencionales y de alta velocidad.
Reducción de multas a empresas y directivos por manipulación de concursos de Adif
En tres sentencias fechadas el pasado 24 de abril, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha abordado las sanciones impuestas en marzo de 2019 por la CNMC. Entre las multas ratificadas por la Audiencia Nacional destacan la de 16,8 millones a Siemens y la de 8,8 millones a Alstom, mientras que a Neopul (Sacyr) le anula la sanción en todos sus términos y a Cobra le retira únicamente las multas impuestas.
Audiencia Nacional ratifica cárteles en sector ferroviario y reduce multas impuestas
El alto tribunal también rechaza la solicitud de varios de los directivos de que se eliminara de la resolución y de la nota de prensa de la CNMC las referencias con nombre y apellidos completos, por vulneración de su derecho al honor y a la propia imagen. La sala considera que los contactos entre las empresas competidoras implicaban la existencia de un plan común de actuación que permite su integración en las infracciones únicas y continuadas que la resolución de la CNMC les imputó.
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