En un escandaloso caso que ha conmocionado a la sociedad catalana, 20 miembros de una organización se encuentran actualmente bajo juicio por presuntamente forzar a 26 mujeres extranjeras a ejercer la prostitución en la región. Este despreciable acto, que ha sido calificado como trata de personas, pone de manifiesto la vulnerabilidad de ciertos colectivos frente a la explotación y abuso. Las autoridades pertinentes han dado inicio a un proceso legal que busca hacer justicia y castigar a aquellos responsables de tan execrable delito. La sociedad civil y los organismos defensores de los derechos humanos han alzado su voz en repudio a estas prácticas, exigiendo medidas contundentes para erradicar la trata de personas y proteger a las víctimas de este flagelo.
Comienza juicio a acusados por explotación sexual de mujeres extranjeras en Cataluña
La Audiencia de Tarragona dará inicio al juicio este jueves contra 20 personas acusadas de formar parte de una presunta organización dedicada a la explotación y coerción de 26 mujeres extranjeras en el ámbito de la prostitución. Las víctimas se encontraban sometidas a condiciones extremadamente duras en ocho prostíbulos situados en Barcelona, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú y Sabadell.
Los hechos datan de los años 2008 a 2010, y la Fiscalía imputa a los acusados 41 delitos de prostitución, uno de asociación ilícita, otro contra los derechos laborales, un delito continuado de blanqueo de capitales y dos de falsificación de documento oficial. Para los principales responsables se solicita una condena de 15 años de prisión, mientras que para el resto de miembros las penas solicitadas van de 13 a 6 años de cárcel.
Según el ministerio público, esta organización operaba de manera piramidal y altamente jerarquizada, con el objetivo de lucrarse a través de la explotación de mujeres extranjeras mayores de edad, obligadas a ejercer la prostitución.
Condenado a más de dos años de prisión por acosar sexualmente a una menor
En otro caso, un individuo ha sido sentenciado a más de dos años de prisión por acosar sexualmente a una menor mediante chats y videollamadas. Según la acusación, las mujeres explotadas debían estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, siendo multadas si no cumplían con las normas internas del local.
Entre las faltas que conllevaban sanciones se encontraban la negativa a mantener relaciones sexuales con los clientes, la falta de disponibilidad constante o el incumplimiento de los plazos para el reembolso de la fianza requerida para trabajar en dichos establecimientos.
El escrito de acusación detalla que las mujeres no podían abandonar las instalaciones durante las primeras tres semanas, y solo tenían una hora diaria para salir a la calle, con prohibición de hacerlo después de las siete de la tarde, incluso en caso de emergencia.
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