Una jueza ordena al Cabildo de Tenerife evaluar la relevancia histórica del monumento a Franco en Santa Cruz para determinar su protección

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Una jueza ordena al Cabildo de Tenerife evaluar la relevancia histórica del monumento a Franco en Santa Cruz para determinar su protección

En un hitazo judicial sin precedentes, una jueza ha ordenado al Cabildo de Tenerife evaluar la relevancia histórica del monumento a Franco ubicado en Santa Cruz de Tenerife. Este fallo busca determinar si el mencionado monumento merece protección como patrimonio histórico o si, por el contrario, debe ser retirado del espacio público. Esta decisión judicial ha generado un gran interés en la opinión pública, ya que el legado del régimen franquista sigue siendo un tema de gran controversia en la sociedad canaria. Ahora, el Cabildo de Tenerife tendrá que evaluar cuidadosamente la importancia histórica del monumento para tomar una decisión informada sobre su futuro.

Franco en el balancín: Juez ordena al Cabildo de Tenerife evaluar monumento en Santa Cruz

Un juzgado ha ordenado al Cabildo de Tenerife que tramite un expediente de Bien de Interés Cultural para determinar si el monumento a Franco de Juan de Ávalos en Santa Cruz merece o no ser protegido.

La sentencia, adelantada por El Día y Diario de Avisos, da la razón a la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel, que pedía al Cabildo que elevara al Gobierno de Canarias la declaración como Bien de Interés Cultural de la escultura, que se encuentra en la intersección de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz.

Los informes periciales aportados por los demandantes en favor de la protección de la escultura, firmados por expertos, subrayan el reconocimiento internacional que tienen las obras de Juan de Ávalos (1911-2006) y recuerdan que es su único trabajo en Canarias.

Valor artístico e histórico

Valor artístico e histórico

La juez precisa que no le compete a ella valorar el contenido de esos informes, sino solo si son motivo suficiente o no para que se ponga en marcha un expediente donde se valoren.

A su juicio, existen indicios bastantes y suficientes para proceder a la incoación del expediente interesado, por cuanto no se trata de una mera solicitud de un ciudadano no acompañada de indicio probatorio de valor artístico ninguno, y que la valoración del contenido de los informes sea realizada en el seno de un procedimiento administrativo reglado, no al margen del mismo.

El conocido como monumento del Ángel y también monumento a Franco es una fuente escultórica inaugurada en marzo de 1966 a la que en 2010 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dio el nombre de monumento al Ángel Caído.

Para algunos colectivos, la obra tiene valor cultural, mientras que para otros no.

La Ley de Memoria Democrática

El anterior Gobierno de Canarias (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera), en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, incluyó esta obra en el catálogo de vestigios franquistas, que ha sido revocado por el actual ejecutivo canario (CC, PP, Agrupación Socialista Gomera y AHI) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo suspendiese de forma cautelar por defectos de forma.

La asociación a la que ahora ha dado la razón el Juzgado de lo Contencioso número 3 reclamó la tramitación del expediente de BIC para el monumento al anterior grupo de gobierno de Cabildo de Tenerife (PSOE-Cs), que no apreció valor artístico excepcional en esta obra.

Tras el rechazo por parte del Cabildo de Tenerife, la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel acudió a los tribunales, que en un principio rechazaron su petición, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la aceptó y suspendió cautelarmente la resolución de la corporación insular.

El Cabildo de Tenerife presentó un recurso de casación ante el que el Tribunal Supremo, que mantuvo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y estos días el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a la corporación insular a incoar el expediente de BIC.

Daniel Martín

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