La CNMC apela a la Sentencia Suprema para confirmar una de las sanciones más importantes en la investigación del 'cártel de las aplicaciones'

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La CNMC apela a la Sentencia Suprema para confirmar una de las sanciones más importantes en la investigación del 'cártel de las aplicaciones'

En un nuevo episodio del caso que ha conmocionado al sector tecnológico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido apelar la Sentencia del Tribunal Supremo para confirmar una de las sanciones más importantes impuestas en el marco de la investigación del denominado 'cártel de las aplicaciones'. Esta decisión busca ratificar la multa impuesta a varias empresas que, según la CNMC, habrían incurrido en prácticas anticompetitivas en el mercado de las aplicaciones móviles. La resolución del Tribunal Supremo será clave para determinar el futuro de la competencia en este sector y establecer un precedente en la lucha contra las prácticas monopolísticas.

CNMC apela a Tribunal Supremo para confirmar sanción millonaria en 'cártel de las apps'

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido llevar hasta el Tribunal Supremo su lucha para mantener la sanción de casi 2 millones de euros impuesta a Connectis ICT en el marco del denominado 'cártel de las apps', en el que se vieron involucrados algunos de los principales nombres del panorama tecnológico internacional.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo estudiará el caso de Connectis ICT, sucesora de la división tecnológica de Thales, que alega un error por un retraso en la notificación para tumbar la sanción. Queda por ver si el tribunal también acepta los recursos del resto de compañías que sí que perdieron el primer asalto en la Audiencia Nacional.

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El 'cártel de las apps'

El expediente, conocido como 'Licitaciones de Aplicaciones Informáticas', se refiere a una trama empresarial que se repartió clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales e intercambió información comercial sensible para encarecer la contratación pública en organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Servicio Público de Empleo (SEPE) o la Agencia Tributaria (AEAT).

Las mayores sanciones correspondieron a Indra (13,5 millones), Software AG (6 millones), Atos (5 millones) y Connectis ICT (1,8 millones).

Recursos y apelaciones

La CNMC, presidida por Cani Fernández, no se quedó de brazos cruzados y preparó un recurso de casación defendiendo que no existe caducidad. Defiende que la obligación de notificar estaba cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la administración o en la dirección electrónica habilitada única.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los plazos administrativos y las notificaciones, pero en este caso los magistrados de la Sala creen necesario “confirmar, completar, reforzar, matizar o, en su caso, corregir” la jurisprudencia de una sentencia publicada a finales de 2021, con el objetivo de determinar cuándo debe entenderse cumplida la obligación de notificar por parte de la administración en un procedimiento sancionador cuando la notificación se ha efectuado por medios telemáticos.

Otros casos pendientes

La CNMC sigue pendiente de otras sentencias de la Audiencia Nacional sobre otros 'cárteles' que ha denunciado y sancionado en los últimos años. Por ejemplo, se encuentra el de las empresas de defensa, que sancionó a cuatro empresas y seis directivos con más de 6 millones por repartirse licitaciones del Ministerio de Defensa.

También hay otros casos como el de la chatarra, que sumó 24 millones de euros (cuyo pago también fue frenado temporalmente), o el de la conservación de carreteras, que contaba con multas de 61 millones.

Esta victoria del 'cártel de las apps' en la Audiencia también se suma a otras como el vinculado a los concursos convocados por Adif para la construcción y mantenimiento de sistemas de electrificación de trenes, que fue respaldado pero en el que se rebajaron las sanciones.

Sufrió una derrota importante, que está a la espera de que se pronuncie también el Tribunal Supremo, en el caso vinculado a los derivados financieros, pues los magistrados de la Sala de lo Contencioso de la AN anularon los 19 millones exigidos a Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell.

Lucía García

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