En un nuevo desarrollo en el caso Koldo, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez encargado del caso que impute a dos altos cargos de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y del Ministerio de Transportes. Esta medida se toma en el marco de la investigación sobre presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en la concesión de contratos públicos. La solicitud de imputación se basa en las pruebas recopiladas durante la investigación, que sugieren la posible participación de estos altos cargos en actividades ilícitas. El caso Koldo ha generado un gran revuelo político y social, y esta nueva solicitud de imputación puede tener importantes consecuencias para los involucrados.
Fiscalía pide imputar a dos altos cargos de Transportes y ADIF en el caso Koldo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, la imputación de dos altos cargos del Ministerio de Transportes y ADIF en relación con la trama de corrupción conocida como caso Koldo.
Los dos altos cargos son Jesús Gómez García, subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, y Michaux Miranda Paniagua, jefe de personal de ADIF. También se ha pedido la imputación de Álvaro Sánchez Manzanares, quien en 2020 ejercía como secretario general de Puertos del Estado hasta que el ministro Óscar Puente lo cesó hace unas semanas.
Además de la imputación de estos tres individuos, el fiscal anticorrupción Luis Pastor ha solicitado la declaración de varios testigos, entre ellos Francisco Toledo, expresidente de Puertos del Estado, y Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF. Otros testigos citados son Aránzazu de Miguel, jefa de contratación de Puertos del Estado; Guillermo Martínez de Simón, secretario general de ADIF; Javier Sánchez, director general de organización del Ministerio de Transportes; y Martín José Navarro Vicent, director de recursos humanos de ADIF.
Según el informe policial, Jesús Gómez García, Álvaro Sánchez Manzanares y Michaux Miranda Paniagua podrían haber ejercido ciertas presiones para adjudicar contratos a la empresa Soluciones de Gestión, protagonista de la trama de corrupción. La Fiscalía asegura que los tres podrían haber influido sobre los responsables de algunas adjudicaciones, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos, dando por hecho y sin ninguna opción de rebatir que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gestión.
Por lo tanto, la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de tráfico de influencias y solicita la declaración en calidad de investigados de estos tres individuos. En el caso de Jesús Gómez García, el dictamen del Ministerio Público pone el foco en unos correos electrónicos que lo sitúan como correa de transmisión entre la esfera del ministro y los entes adjudicadores.
Por otro lado, la Fiscalía entiende que Sánchez Manzanares y Miranda estaban directamente vinculados a Koldo García y que lideraban las adjudicaciones llevadas a cabo por Puertos del Estado y ADIF. La primera de estas dos instituciones adjudicó un contrato de 24,2 millones de euros a Soluciones de Gestión y la segunda firmó el desembolso de 12,5 millones.
En el caso de Sánchez Manzanares, además, se indica que su relación con García era estrecha, tal y como evidencian llamadas telefónicas y correos electrónicos. Así, en ocasiones la empresa de la trama sabía que iba a ser adjudicataria de un contrato al menos tres días antes que el propio organismo que efectuaba la adjudicación, Puertos del Estado.
La Fiscalía deduce de los informes policiales que Sánchez Manzanares mantenía relación también con Víctor de Aldama. Fue Isabel Pardo de Vera quien dijo en sede policial que, pese a que no había recibido órdenes para la adjudicación del contrato a Soluciones de Gestión, sí que había recibido presiones del Ministerio de Transportes para que la adjudicación se realizara con la mayor premura posible.
Deja una respuesta