CEOE y sindicatos critican a Díaz por ceder convenios autonómicos ante el PNV

CEOE y sindicatos critican a Díaz por ceder convenios autonómicos ante el PNV

La presidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha generado un gran revuelo en el ámbito laboral y político al ceder a las presiones del PNV y aceptar la reforma de los convenios autonómicos. Esta decisión ha sido duramente criticada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), así como por los sindicatos, que ven en esta medida un ataque a la negociación colectiva y un desmantelamiento del diálogo social. Según los críticos, esta decisión abre la puerta a la fragmentación del mercado laboral y pone en peligro la estabilidad laboral en España.

La patronal y sindicatos critican a Díaz por ceder convenios autonómicos ante el PNV

Los agentes sociales, representados por la patronal y los sindicatos, han expresado su indignación y sorpresa ante la decisión del Gobierno de incluir la prelación de los convenios autonómicos en el real decreto-ley, sin consultar ni involucrar a las partes interesadas en el proceso de negociación.

Según Unai Sordo, secretario general de CCOO, y Pepe Álvarez, secretario general de UGT, los sindicatos y la patronal habían estado negociando con el Ministerio de Trabajo durante meses para definir la letra pequeña de la reforma del subsidio por desempleo. Sin embargo, se enteraron de la inclusión de la prelación de los convenios autonómicos en el real decreto-ley a través de un anuncio del PNV.

El Gobierno ha justificado esta decisión argumentando que es uno de los puntos recogidos en el acuerdo firmado entre el PSOE y el partido nacionalista. Sin embargo, esta justificación no ha convencido a la patronal ni a los sindicatos, que ven en esta decisión una injerencia en las funciones que les asigna la Constitución.

Según Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, esta decisión es un ejemplo más de la deriva intervencionista del Gobierno en el ámbito laboral, y una muestra de la falta de diálogo y colaboración con los agentes sociales.

Los sindicatos y la patronal consideran que esta medida es un ataque a la autonomía de los agentes sociales y una injerencia en sus funciones, y han manifestado su oposición a esta decisión. Según los sindicatos, esta medida supone un retroceso en la negociación colectiva y un debilitamiento de la posición de los trabajadores y las empresas.

La crítica a la decisión del Gobierno ha sido unánime entre los agentes sociales, que consideran que esta medida es un ejemplo más de la falta de transparencia y diálogo del Ejecutivo en las políticas laborales.