Comunidades del Partido Popular Recurren a la Constitución por Amnistía, Argumentando Violación de la Igualdad y Seguridad Jurídica

Comunidades del Partido Popular Recurren a la Constitución por Amnistía, Argumentando Violación de la Igualdad y Seguridad Jurídica

En un controvertido movimiento político, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido recurrir a la Constitución para solicitar la amnistía para determinados delitos. Según los líderes de estas comunidades, esta medida es necesaria para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en España. Argumentan que la actual situación jurídica es injusta y discriminatoria, y que la amnistía es la única forma de restablecer la justicia y la armonía en el país.

Comunidades del PP reclaman justicia: La ley de amnistía viola la igualdad y seguridad jurídica

Los gobiernos autonómicos del Partido Popular se suman a partir de este lunes a la batalla contra la amnistía en el Tribunal Constitucional, iniciada la semana pasada desde Génova. Andalucía, Aragón, Madrid, Murcia y el Parlamento de Cantabria han presentado ya sus recursos contra la ley, mientras que el Gobierno valenciano de Carlos Mazón retrasa la decisión a este lunes por la tarde. La Rioja, por su parte, presentará el recurso este martes.

Los argumentos son similares a los que planteó el Tribunal Supremo en su cuestión de inconstitucionalidad y a los que integran el recurso que presentó el jueves el Partido Popular. Sobre todo en cuanto a la vulneración de los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica.

Recursos en masse: Gobiernos del PP unidos contra la amnistía en el Tribunal Constitucional

La Comunidad de Madrid ha pedido la recusación del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la de los magistrados progresistas Juan Carlos Campo y Laura Díez, por su notoria vinculación ideológica con el PSOE.

La oleada de recursos no afectará de momento a los planes del Tribunal Constitucional, que no tiene pensado tomar una decisión sobre la ley de amnistía hasta dentro de seis meses como mínimo. Además, el órgano de garantías dará prioridad a la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo y la respuesta marcará el camino de los recursos presentados por el PP.

PP pide protección a la Constitución: La amnistía es una reforma encubierta de la Carta Magna

Uno de los pilares sobre los que se asientan los recursos del PP es la vulneración de la separación de poderes. Por ejemplo, el texto presentado por el Gobierno aragonés incide en la quiebra total del Estado de Derecho que se produce por la vulneración del principio de separación de poderes. Se excluye del control judicial al poder político, prosigue el recurso del Ejecutivo de Jorge Azcón.

La Junta de Andalucía presentará este lunes su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Coincide con esta afirmación el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ve en la amnistía una invasión del Poder Legislativo en las funciones del Judicial. La presidenta madrileña ha anunciado la presentación del recurso durante un desayuno informativo en el que ha alertado de que la ley supone el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia.

Los recursos también recuperan la alerta que lanzó el Tribunal Supremo en julio, cuando presentó la cuestión de inconstitucionalidad. Indican que la ley de amnistía supone una vulneración de los principios de igualdad, seguridad jurídica y legalidad. La ley, concluyen, es arbitraria.

El recurso presentado por el Ejecutivo aragonés habla de una flagrante vulneración del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, que tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del estado, garantizado en los artículos 14 y 139 de la Constitución, al verse beneficiadas determinadas personas de una impunidad que, como se ha visto, no se encuentra amparada en la Constitución.

Las comunidades del PP ven clara la vulneración del principio de seguridad jurídica, porque la ley hace desaparecer las consecuencias jurídicas de sentencias firmes e impide de forma injustificada el ejercicio de la función jurisdiccional. De forma injustificada, razonan, porque la Constitución no contempla expresamente la amnistía.

Esta ausencia de la amnistía en el texto constitucional lleva a los gobiernos regionales del PP a concluir que la norma es una reforma de la Constitución. Es decir, que para conceder la medida de gracia el Gobierno debería haber tramitado una reforma de la Carta Magna. Apoyadas en este argumento, las comunidades gobernadas por el PP censuran a su vez el trámite parlamentario que ha dado lugar a la ley.

La fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la Ley Orgánica de Amnistía infringe los principios democráticos del Estado de Derecho, incide en este sentido el Gobierno aragonés. Más tajante aún ha sido la presidenta Madrileña al señalar que en la tramitación parlamentaria de la ley se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados y esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución Española. ¡Esto ni en las dictaduras!, ha llegado a exclamar Ayuso.