En un giro inesperado en el caso del procés, los fiscales encargados de la causa contra el expresidente catalán Carles Puigdemont han abierto la puerta a una posible amnistía para el líder independentista. Según fuentes cercanas al proceso, el juez García Ortiz se encuentra en el umbral de tomar una decisión que podría cambiar el curso de la historia. Desde el silencio absoluto que rodeó el caso en sus inicios, la situación ha evolucionado hacia una última oportunidad para Puigdemont y los líderes independentistas catalanes. ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión en el futuro político de España y Cataluña?
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el umbral de una posible amnistía para Puigdemont
La tramitación de la ley de amnistía ha generado un clima de máxima tensión en el Poder Judicial español. Asociaciones de jueces y fiscales, juristas de renombre y un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado desde hace más de cinco años han expresado su rechazo a la amnistía, calificándola de arbitraria, inconstitucional e inadmisible.
En este contexto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mantenido un silencio sepulcral hasta ahora. Sin embargo, ahora debe tomar una posición sobre la amnistía, ya que los fiscales del procés no ven aplicable a la supuesta malversación cometida por Carles Puigdemont.
La posición del fiscal general del Estado
En noviembre del año pasado, cuando los fiscales del Tribunal Supremo le reprocharon su silencio sobre las acusaciones de lawfare recogidas en el acuerdo de investidura, el fiscal general no se posicionó. Dijo que siempre estaría al frente y en defensa de la carrera, pero se negó a hablar del lawfare por no querer convertirse en un mero opinador de la actualidad.
Finalmente, García Ortiz publicó un escrito mostrando su apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones. Pero cuando varios vocales del Consejo Fiscal le pidieron pronunciarse sobre la ley de amnistía, el fiscal rechazó hacerlo. García Ortiz entendió en aquel momento que excedía sus competencias hacer una valoración sobre una ley en trámite parlamentario, dado que podía condicionar a los fiscales que más adelante tuvieran que pronunciarse en una causa judicial.
La posición del fiscal general del Estado es clave en este momento. Debe tomar una decisión sobre la aplicación de la amnistía a los delitos de malversación, específicamente en el caso de Carles Puigdemont. Los fiscales del procés ya han expresado su oposición a la aplicación de la amnistía en este caso.
La coordinación de la institución
El fiscal general ha organizado una serie de reuniones previas a la adopción de este posicionamiento. Este jueves, los fiscales del procés le comunicaron que no están a favor de aplicar la amnistía a los delitos de malversación. Este viernes, el fiscal general se reunió con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, además de con otros fiscales del Tribunal de Cuentas y de Cataluña.
El objetivo de estos encuentros es coordinar la actuación de la institución en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias. El fiscal general del Estado tiene la última palabra en este proceso, y su decisión será la que guíe la actuación de la institución.
Si el fiscal general decide que la amnistía es aplicable a la malversación, la Fiscalía pedirá el archivo de la causa por sobreseimiento libre. Sin embargo, si los fiscales no están de acuerdo con la posición del fiscal general, pueden recurrir al mecanismo de objeción establecido en el Estatuto del Ministerio Fiscal.
La última palabra en este proceso la tiene el fiscal general del Estado. Su decisión será crucial para determinar si la ley de amnistía es aplicable a cada caso relacionado con el procés.
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