Desmantelada una red de trata que obligaba a víctimas a cuidar cultivos de marihuana en la comunidad autónoma de Cataluña

Desmantelada una red de trata que obligaba a víctimas a cuidar cultivos de marihuana en la comunidad autónoma de Cataluña

La lucha contra la trata de personas ha alcanzado un nuevo logro en la comunidad autónoma de Cataluña, donde las autoridades han desmantelado una red de trata que explotaba a víctimas obligándolas a cuidar cultivos de marihuana en condiciones de esclavitud. Esta operación policial, que ha sido calificada como exitosa por las autoridades, ha permitido la liberación de varias víctimas que se encontraban sometidas a esta forma de explotación. La investigación, que ha llevado varios meses, ha revelado una compleja estructura criminal que utilizaba la coacción y la intimidación para mantener a las víctimas bajo su control.

Desmantelada una red de trata en Cataluña, obligaba a víctimas a cuidar cultivos de marihuana

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que explotaba a víctimas de la trata, obligándolas a cuidar plantaciones de marihuana en urbanizaciones aisladas de Barcelona, Tarragona y Castellón.

En la operación, 28 personas han sido detenidas y cuatro de ellas han ingresado en prisión. Se han liberado a dos víctimas de la trata, que llevaban meses recluidas en las plantaciones.

La investigación

La investigación se inició en febrero de 2023, cuando se localizaron dos plantaciones de marihuana en naves industriales de Castellbisbal y Molins de Rei, en Barcelona. Una de las personas que se encargaba de cuidarlas explicó que estaba recluida y que había sido engañada en su país de origen, Albania, por un compatriota que le prometió trabajo en España en un negocio de lavado de coches.

La red criminal facilitó el traslado de esta víctima de la trata a España y, nada más llegar al aeropuerto, le enviaron directamente a una nave industrial que ocultaba una plantación de marihuana. Le retiraron el pasaporte y el teléfono móvil y le obligaron a cuidar la plantación, con la amenaza de hacer daño a su familia si no lo hacía.

Las víctimas

La primera víctima llevaba tres meses encerrada en la plantación cuando la policía le liberó. Posteriormente, la policía localizó a otra persona en una situación parecida en otra plantación, aunque en su caso los miembros de la organización le engañaron diciéndole en su país de origen que se encargaría de una plantación de marihuana y que en España esta actividad era legal.

Esta segunda víctima estuvo recluida durante dos meses en una plantación de marihuana y los detenidos también le habían retirado el pasaporte. Las dos víctimas liberadas vivían en el interior de la plantación, sin poder salir al exterior, sin luz natural ni ventilación y únicamente comían lo que les proporcionaba algún miembro de la organización.

La estructura de la organización

La organización desarticulada estaba perfectamente estructurada, según la policía. El cabecilla, un ciudadano español, se encargaba de localizar las naves industriales, gestionar los alquileres y comprar todo el material para la plantación.

Por encima de él se situaban los líderes de la organización, que eran los que daban órdenes para que la red funcionara. Por debajo del cabecilla estaban los encargados de localizar a las posibles víctimas en su país de origen para que cuidaran durante todo el día las plantaciones, así como los controladores, que vigilaban a las víctimas de la trata y acudían cada dos o tres semanas a las plantaciones para proporcionarles lo necesario para seguir con el cultivo.

Intervenciones y detenciones

En los registros, la policía intervino 13.218 plantas de marihuana y 1,3 kilos de hachís, así como armas y dinero en efectivo. Se incautaron también ocho documentos de identidad falsos.

Los detenidos están acusados de los delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y defraudación de fluido eléctrico.

Uno de los principales líderes de la organización fue condenado en 2002 a 25 años de prisión en Albania por cruce y asistencia ilegal de las fronteras del Estado. La red ahora desarticulada mantenía vínculos con otra organización investigada por la policía, que detuvo a 123 personas por favorecer de forma masiva la inmigración ilegal de ciudadanos albaneses.