Dos españolas repatriadas de Siria enfrentan condena de 6 años de prisión por participación en el Estado Islámico

Dos españolas repatriadas de Siria enfrentan condena de 6 años de prisión por participación en el Estado Islámico

En un veredicto histórico, dos españolas que fueron repatriadas desde Siria, han sido condenadas a 6 años de prisión por su participación en el grupo terrorista Estado Islámico. Las dos mujeres, que no han sido identificadas, fueron detenidas en 2019 tras ser rescatadas por las fuerzas especiales españolas en la región de Al-Hol, en el norte de Siria. La Audiencia Nacional ha considerado que ambas mujeres colaboraron con el grupo yihadista, lo que se considera un delito de terrorismo. Esta sentencia marca un precedente en la lucha contra el terrorismo en España.

Dos españolas en prisión preventiva por participar en Estado Islámico en Siria

La Fiscalía pide seis años de cárcel para dos españolas casadas con yihadistas en Siria, acusadas de integración en organización terrorista por haberse desplazado voluntariamente a zona del Dáesh con sus maridos, aceptando el mismo destino que ellos.

Según el fiscal, las investigadas siempre mostraron su voluntad de ser miembros del Dáesh, y solo la completa pérdida de control territorial en Siria e Irak, así como las condiciones de vida en el campo de acogida de Al Hawl, en el este de Siria, en el que vivían con sus hijos, fue el motivo de que quisieran ser repatriadas a España.

Actividades en España antes de viajar a Siria

A lo largo de su escrito, el fiscal analiza el papel de cada una y sostiene que antes de viajar a Siria participaron en España en actividades a favor de la organización yihadista.

Yolanda Martínez, señala, compartía ya entonces la ideología de su esposo, mostrándose de acuerdo en no permanecer estática ante el conflicto sirio y pasar a la acción. Tuvo además un papel destacado dentro del grupo de las mujeres de los integrantes de la Brigada Al Andalus, y, como prueba de ello, el fiscal esgrime una carta de despedida que dejó la acusada antes de desplazarse a Siria y que fue intervenida a uno de los miembros de la Brigada Al Andalus.

Esta era una célula terrorista liderada por un marroquí que estuvo preso en Guantánamo, Lahcen Ikassrien, que se dedicaba a reclutar yihadistas en Madrid en el entorno de la mezquita de la M-30 para enviarlos a Siria o Irak. Los maridos de las dos acusadas, uno ya fallecido, fueron investigados por su integración en ese grupo.

Rol de las acusadas en Siria

Las dos viajaron a Siria con sus maridos con la plena voluntad de formar parte del Dáesh y la finalidad de poner a su disposición toda su capacidad en las funciones que la propia organización les asignara, por muy básicas que fueran éstas.

Durante su estancia en Siria, las investigadas han realizado todas las pautas de conducta que se esperan de la mujer integrada en el Estado islámico, afirma el fiscal.

Respecto de sus roles como esposas, explica que mientras una ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, miembro de un tribunal yihadista dentro del Estado Islámico, la otra ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, combatiente en las filas del Dáesh.

La educación de los menores

En cuanto a su función como madre, el fiscal se remite al informe pericial a los trece menores a cargo de ambas y que fueron repatriados juntos a ellas y puestos bajo custodia de la Comunidad de Madrid.

Desde una edad muy temprana los menores se han desarrollado en un entorno altamente ideologizado en el que se realizaba una interpretación extremista y rigorista de la fe islámica, indica el informe.

En ese período, prosigue, los menores no informan de haber acudido a ninguna escuela ni centro educativo. Por sus edades, es lógico que los más pequeños no lo hicieran, pero no así los mayores. Eran sus madres quienes les daban clase de diversas materias y les instruían en el aprendizaje de su visión de la práctica islámica y sus valores”.

Las dos españolas permanecen en prisión desde el 10 de enero de 2023 y este lunes se celebrará una vista en la Audiencia Nacional para decidir si se les prorroga otros dos años la prisión provisional hasta el límite máximo de cuatro años de cárcel preventiva.