EE.UU. solicita la extradición de un exfuncionario de Defensa detenido en Ibiza por un fraude fiscal de 130 millones de dólares
En un golpe contra la corrupción y el fraude fiscal, Estados Unidos ha solicitado la extradición de un exfuncionario de Defensa que se encuentra detenido en Ibiza, España. El individuo en cuestión está acusado de cometer un fraude fiscal que asciende a la astronómica cifra de 130 millones de dólares. Esta solicitud de extradición es un paso importante en la lucha contra la delincuencia financiera y la corrupción a nivel internacional. A continuación, se presentarán más detalles sobre este caso y las implicaciones que conlleva.
EEUU pide extradición de exfuncionario de Defensa detenido en Ibiza por fraude fiscal de millones de dólares
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido la extradición de un excontratista estadounidense de 72 años y su mujer, de 58, que permanecen arrestados en España después de que la Audiencia Nacional aprobara su ingreso en prisión tras ser detenidos en Ibiza a principios de julio.
El empresario era buscado por las autoridades de su país por un presunto fraude fiscal de casi 130 millones de dólares en contratos con el Departamento de Defensa de EE.UU. de campañas militares en Afganistán y Oriente Medio tras el 11-S.
Tanto E.D. como su mujer D.L.D., francesa de 58 años, están acusados de 30 cargos de evasión fiscal y otros delitos en relación a ingresos por 350 millones de dólares procedentes de contratos públicos.
Ambos fueron arrestados en un operativo conjunto entre la Guardia Civil y la DEA (Administración de Control de Drogas estadounidense) el 3 de julio en Ibiza, donde el matrimonio cuenta con una residencia vacacional.
La trama del fraude
La acusación formulada en el Tribunal de Distrito de Columbia dibuja una trama que había durado años y en la que el matrimonio habría contado con otros colaboradores, según informó el Departamento de Justicia estadounidense tras su detención.
Presuntamente habrían ocultado los beneficios de Mina Corp & Red Star Enterprises, sociedad de la que el varón fue propietario al 50 por ciento entre 2003 y 2020 y que recibió más de 7.000 millones de dólares en contratos con el Departamento de Defensa de EE.UU.
Se trataba de contratos de suministro de combustible a los aviones de las tropas estadounidenses en Afganistán y Oriente Medio, dentro de actividades militares tras el 11-S.
La acusación mantiene que el empresario habría ocultado ingresos en cuentas bancarias extranjeras mantenidas en secreto, utilizando documentación ficticia y atribuyendo parte de la propiedad empresarial a su esposa, que como ciudadana francesa no residente no tenía obligaciones fiscales con EEUU.
Después habrían fingido, mediante documentos falsos, que ella le regalaba el dinero para gastos personales.
La extradición
El Juzgado Central de Instrucción número 3 decretó para el hombre prisión provisional sin fianza y ha rechazado levantar la medida, según se desprende de un auto consultado por Europa Press.
La Justicia española rechaza dejarlo en libertad y ha desestimado el recurso rechazando su excarcelamiento. Los magistrados apelan a la gravedad de los delitos, al hecho de que el proceso penal en EEUU esté muy avanzado y a que fuera necesario emitir una orden internacional de búsqueda.
Además, subrayan que el empresario acapara un importante patrimonio y carece de arraigo en España, donde sólo tiene una residencia ocasional, puramente vacacional.
La extradición es un paso hacia la justicia para los delitos cometidos por el exfuncionario de Defensa y su mujer.
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