El acuerdo de pensiones enfrenta un nuevo reto en el Congreso al regreso de las vacaciones
Tras un verano de negociaciones intensas, el acuerdo de pensiones que busca reformar el sistema de pensiones en el país se enfrenta a un nuevo obstáculo en el Congreso. Con el regreso de las vacaciones parlamentarias, los legisladores deberán abordar las diferencias que aún persisten entre los grupos políticos y las organizaciones sindicales. La aprobación del proyecto de ley se vuelve cada vez más incierta, ya que los partidos políticos no han logrado alcanzar un acuerdo unánime sobre los términos del mismo. En este contexto, la incertidumbre sobre el futuro del sistema de pensiones sigue en el aire.
El acuerdo de pensiones enfrenta un nuevo reto en el Congreso
Tras siete meses de negociación, el Gobierno ha logrado alcanzar un acuerdo con sindicatos y patronal que amplía la reforma de las pensiones aprobada en dos fases la pasada legislatura en aspectos que habían quedado pendientes. La clave del pacto está en el diseño de una transición más flexible y progresiva del empleo a la jubilación, en línea con lo que sucede en los países del entorno.
Entre los cambios contemplados se encuentran la recuperación del coeficiente del 1,5 para acceder a la pensión de jubilación en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, así como la modificación de los modelos de jubilación (parcial, activa, demorada y flexible). Estos cambios requerirán del visto bueno del Congreso a la vuelta de las vacaciones, ya que implican modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social.
La aprobación parlamentaria, un desafío
El aval de los empresarios y de los representantes de los trabajadores no garantiza que el Gobierno vaya a lograr el respaldo necesario en la Cámara Baja. El trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 dependerá de que Junts, el partido de Carles Puigdemont, no opte por el bloqueo.
El acuerdo deberá pasar primero por el examen de la Comisión del Pacto de Toledo el próximo mes de septiembre, tras las vacaciones de verano. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inciden en que los detalles que finalmente recoge el documento se mueven dentro del marco de recomendaciones de dicha comisión, lo que da a esta reforma un elemento de legitimación social muy reseñable.
Un paquete de medidas equilibradas
El conjunto de medidas acordadas conlleva una actuación razonable y equilibrada donde se han recogido todas las sensibilidades, tanto las más cercanas a la patronal, como las defendidas por los sindicatos. El Gobierno incide en esa idea de equilibrio, lo que supone también un mensaje de cara a Bruselas.
La Comisión Europea vigila que las reformas en este ámbito no eleven el gasto en exceso y ayuden a garantizar la sostenibilidad del sistema, que se verá especialmente presionado los próximos años al jubilarse la generación del 'baby boom'.
La reforma pactada
La reforma contempla más fórmulas para que los trabajadores alarguen su vida laboral superada la edad legal de retiro, así como de los incentivos para conseguirlo. Se aplicarán cambios en la jubilación activa y parcial para, como explicó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compatibilizar mejor el cobro de la pensión con el empleo, de forma que el tránsito hacia la jubilación sea mucho más flexible y se adapte a la situación de cada trabajador.
Además, se han fijado los procedimientos para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación en las ocupaciones especialmente penosas o peligrosas, y se ha establecido el marco para un mejor aprovechamiento de los medios asistenciales de las mutuas en las pruebas diagnósticas y tratamientos en los procesos de Incapacidad Temporal de origen traumatológico, entre otras medidas.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacan que el conjunto de medidas acordadas es razonable y equilibrada y que se han recogido todas las sensibilidades, lo que da a esta reforma un elemento de legitimación social muy reseñable.
Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, asegura que objetivamente el contenido (del acuerdo) no debiera suponer un problema para ser aprobado por unanimidad.
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