El Colegio de Abogados de Madrid solicita al Tribunal Supremo investigar la filtración de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid,

El Colegio de Abogados de Madrid solicita al Tribunal Supremo investigar la filtración de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La polémica sigue rodeando al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la filtración de datos personales de su pareja sentimental. En este sentido, el Colegio de Abogados de Madrid ha decidido tomar cartas en el asunto y ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue a fondo este caso, con el fin de determinar quién o quiénes están detrás de esta filtración y qué motivaciones hay detrás de ella. La solicitud se produce en un momento en el que la presidenta regional se encuentra bajo la lupa de la opinión pública y la comunidad jurídica, que exigen transparencia y responsabilidad en este asunto.

El Colegio de Abogados de Madrid pide al Tribunal Supremo investigar la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que eleve al Tribunal Supremo (TS) la causa contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos en el caso relacionado con una filtración de datos que afecta a Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Esta petición se produce tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del TSJM, incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados, y ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

La filtración de datos y la violación de la confidencialidad

El caso se centra en la publicación de una nota de prensa oficial por parte de la Fiscalía en la que se revelan conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal en el seno de unas diligencias de investigación. Estas conversaciones tuvieron lugar en el contexto de los acercamientos propios para el estudio de una eventual conformidad.

Esta divulgación es, para el Colegio de la Abogacía de Madrid, una grave violación de la confidencialidad y el secreto profesional, que considera principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa. De ahí que decidiera personarse como acusación en la causa, en la que también acusa el propio González Amador.

La protección de la confidencialidad y la defensa efectiva

El ICAM ha decidido dar este paso teniendo en cuenta la cualidad persona aforada del Fiscal General, lo que altera la competencia objetiva del órgano instructor en favor del Tribunal Supremo, han señalado desde el colegio profesional, que ha detallado que ha tomado esta decisión tras evaluar la información que se deriva de las actuaciones de la fase de instrucción.

La protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos, ha expresado Eugenio Ribón, decano del ICAM, en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación. Ribón alude a la gravedad de los hechos que se investigan y a la necesidad de dirimir qué sucedió para impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes. Este colegio será firme ante cualquier vulneración, ha zanjado.