El Ejecutivo busca restablecer la confianza con sus socios internacionales y autoriza la aprobación de una norma para reforzar la supervisión del Cent

El Ejecutivo busca restablecer la confianza con sus socios internacionales y autoriza la aprobación de una norma para reforzar la supervisión del Centro Nacional de Inteligencia

En un esfuerzo por restablecer la confianza con sus socios internacionales, el Ejecutivo ha decidido dar un paso importante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en materia de inteligencia. En este sentido, se ha autorizado la aprobación de una norma que reforza la supervisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con el fin de garantizar que sus actividades se ajusten a los más altos estándares de ética y profesionalidad. Esta medida busca garantizar la seguridad nacional y proteger los intereses del país, al mismo tiempo que se busca restablecer la confianza de la comunidad internacional en las instituciones nacionales.

El Ejecutivo busca restablecer la confianza con sus socios internacionales y autoriza la aprobación de una norma para reforzar la supervisión del Centro Nacional de Inteligencia

Después de varias semanas de varapalos parlamentarios que han sacudido la frágil mayoría en la que se apoya, el Gobierno intenta reavivar la relación con sus socios. Este martes, el Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para incrementar los controles parlamentarios y judiciales a la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La proposición de ley, que fue aprobada gracias a los votos a favor del PSOE, Sumar, PNV, ERC, Junts, EH Bildu y Podemos, busca reforzar la supervisión del CNI y garantizar una mayor transparencia en sus operaciones. La norma establece que tres jueces, y no solo uno, deban autorizar por unanimidad una solicitud para espiar las comunicaciones de un ciudadano sospechoso.

Además, la proposición de ley obligaría al CNI a presentar un balance ante la justicia tras cada escucha que realice. La norma también establecería el deber de que los servicios de inteligencia detallaran a los jueces las características concretas de los pinchazos telefónicos.

La comisión de gastos reservados del Congreso, más conocida como de secretos oficiales, tendría derecho a conocer qué medios se utilizan en las operaciones de espionaje realizadas por los servicios de inteligencia. Y, en relación con el poder ejecutivo, la reforma supondría que la propuesta del director del CNI debería ser hecha por el presidente y no por el ministro de Defensa, como ocurre hasta ahora.

El cambio de postura del PSOE, que en la pasada legislatura rechazó esta proposición de ley, es significativo después de varias semanas de encontronazos parlamentarios con sus socios. El PNV ha sido uno de los pocos partidos con los que el Gobierno no ha experimentado grandes problemas.

La votación no implica que la iniciativa se convierta inmediatamente en ley, pero es un paso importante para reforzar la supervisión del CNI y garantizar una mayor transparencia en sus operaciones. El Ejecutivo quiere evitar a toda costa que la relación con los nacionalistas vascos se agrie, y esta proposición de ley es un paso en esa dirección.

Fuentes de Sumar se mostraban sorprendidas por el cambio de posición del PSOE, que fue el movimiento clave para que la proposición de ley saliera adelante en el Congreso. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, argumentó que los tiempos avanzan a tal velocidad que dejan obsoletas las normativas que teníamos antes y que servían.

La diputada socialista Isaura Leal justificó el voto a favor de su grupo argumentando que la reforma serviría para adaptar la actual legislación al entorno geoestratégico y tecnológico actual.

Por su parte, ERC espetó que el expresident Pere Aragonès fue espiado mientras negociaba con el Gobierno y avisó a Sánchez de que no puede seguir atrapado en su tacticismo y de que la paciencia se puede agotar. Junts cargó contra el juez Pablo Lucas, ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que autorizó escuchas a Gonzalo Boye, abogado del expresident Carles Puigdemont.