El Ejecutivo planea unificar las medidas 'antibulos' de Sánchez en una ley de comunicación para evitar conflictos entre sus socios políticos

El Ejecutivo planea unificar las medidas 'antibulos' de Sánchez en una ley de comunicación para evitar conflictos entre sus socios políticos

En un intento por evitar conflictos entre sus socios políticos, el Ejecutivo ha anunciado planes para unificar las medidas 'antibulos' del presidente Pedro Sánchez en una ley de comunicación. Esta iniciativa busca armonizar las regulaciones existentes en materia de comunicación y evitar así las diferencias entre los partidos que componen la coalición gubernamental. La ley tiene como objetivo establecer claras normas para la difusión de información y prevenir malentendidos que puedan generar tensiones entre los miembros del gabinete. De esta forma, el gobierno busca fortalecer la estabilidad política y garantizar la cohesión entre sus aliados políticos.

Sánchez prepara ley de comunicación para evitar conflictos entre socios políticos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está trabajando en una ley de comunicación que agrupe todas las medidas relacionadas con los medios de comunicación, con el fin de evitar conflictos políticos y tensión en el Congreso de los Diputados.

Luego de cinco meses de la presentación del plan antibulos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía hay debate interno en el PSOE sobre la materialización de sus 31 medidas, que fueron aprobadas en el Consejo de Ministros en septiembre. Sin embargo, una de las fórmulas que se está considerando es agrupar todas las medidas que tienen que ver con los medios en una misma ley para que sea debatida por los grupos en el Congreso de los Diputados.

Una ley ómnibus de medios

Fuentes del Ejecutivo no descartan esta fórmula, que en la práctica supondría trasponer de una sentada el reglamento europeo sobre medios a la legislación española. Esta ley ómnibus de medios incorporaría, por ejemplo, la actualización de la ley de publicidad institucional, la imposición de una limitación en el dinero público que reciben los medios que, a juicio del Gobierno, tienen escasos lectores, y la obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.

Además, la ley podría incluir la creación de un registro de medios a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, y medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en catalán, gallego o euskera.

Unificación de medidas antibulos

La fragmentación parlamentaria y los continuos embistes de algunos de sus socios empujan al Gobierno a tensar lo menos posible la cuerda. En lo que se refiere al asunto de medios, el Gobierno lo tiene más fácil que con otras medidas, ya que todas las familias europeas de los grupos parlamentarios, excepto la de Vox, votaron a favor de incorporar el reglamento cuando se debatió en el Parlamento Europeo.

Reforma de la ley de secretos oficiales

Otras medidas del plan antibulos se podrían aprobar por decreto, mientras que otras requieren una reforma del reglamento de las Cortes y otras una reforma del Código Penal. El grupo socialista le da especial prioridad a la reforma de la ley de secretos oficiales, una demanda histórica de sus socios del PNV para actualizar esta normativa que data de 1968 y adaptarla a los estándares actuales.

Entre las medidas que requieren una reforma del reglamento está la obligatoriedad de la celebración anual del Debate sobre el Estado de la Nación y las sanciones a quienes no presenten su declaración de bienes en el Congreso. Las cuestiones relativas a los procesos electorales, como una medida para obligar a los candidatos a que debatir durante la campaña o que las casas demoscópicas publiquen los microdatos de sus encuestas, se tendrían que votar en el Congreso de los Diputados.

Y solo bastaría el visto bueno del Ejecutivo para la aprobación de una Estrategia de Gobierno Abierto o para el programa de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de los medios.

Dificultades en la reforma del Código Penal

Pero lo que puede suponer un mayor dolor de cabeza al Ejecutivo es lo que concierne a la reforma integral del Código Penal, lo que no podría ir dentro de una eventual ley ómnibus de medios. El Gobierno pretende tocar los artículos que afectan al derecho de libertad de expresión y a la creación artística cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público.

Los socios de coalición, PSOE y Sumar, chocan en lo respectivo a la derogación del delito de injurias a la Corona. Mientras Sumar pide acabar con ello basándose en la jurisprudencia europea al respecto, los socialistas no fácil desencallar este asunto, que ya viene de largo.