En un giro inesperado, el Gobierno ha decidido cambiar de rumbo en su política energética, anunciando un nuevo enfoque en el pago de sentencias relacionadas con la implementación de energía renovable. Este cambio de dirección llega en un momento crucial, cuando la transición energética se ha convertido en una prioridad para muchos países en todo el mundo. La renovación del enfoque del Gobierno se centra en encontrar soluciones más efectivas para abordar las sentencias en contra de la implementación de energías limpias, lo que podría tener un impacto significativo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la promoción del desarrollo sostenible. A continuación, se presentará un análisis detallado de este importante anuncio y sus implicaciones para el futuro de la energía en nuestro país.
España se enfrenta a condenas internacionales por 'impuesto al sol'
El Gobierno español se mantiene en su postura de no pagar las indemnizaciones millonarias que, gota a gota, están dictando diversas cortes internacionales por las demandas planteadas contra España por inversores en energías renovables, perjudicados por la decisión que tomó en 2013 el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy de fijar el pago de cargos y peajes a los proyectos de energía fotovoltaica, el denominado 'impuesto al sol' que redujo la rentabilidad prevista de los proyectos renovables.
Sin contar a los inversores que aceptaron las nuevas condiciones que se fijaron en 2019 o a los que desistieron, quedaron 'vivos' 52 litigios, que en un principio se calculó que podrían desembocar en reclamaciones por hasta 10.000 millones a las arcas públicas. De ellos, en los últimos años han ido derivando condenas a España para pagar cientos de millones por los perjuicios causados.
Pero el Gobierno no ha desembolsado ni un solo euro y de momento esta seguirá siendo la posición tras la última reunión de los ministerios concernidos, Transición Ecológica y Asuntos Económicos particularmente, que tuvo lugar la semana pasada para tratar la cuestión de los litigios internacionales por el 'hachazo' a las renovables de hace más de una década.
La posición del Gobierno
La posición del Gobierno seguirá siendo defender los intereses nacionales, es decir, seguir sin pagar las millonarias indemnizaciones que a lo largo de los años han ido imponiendo a España distintas cortes internacionales. Así lo afirman fuentes gubernamentales días después de una nueva reunión de representantes, entre otros, de los ministerios de Teresa Ribera y Carlos Cuerpo sobre la posición española frente a estos procesos de resolución de diferencias comerciales por las renovables.
Fuentes conocedoras de este tipo de encuentros señalan que se trata de analizar la postura española en la que se basa después el trabajo de la Abogacía del Estado ante estos tribunales ordinarios o de resolución de diferencias comerciales entre empresas y estados, incluso aunque no haya un cambio de posición.
Una posición infrecuente
En el caso de los laudos internacionales por las renovables, la posición del Gobierno se traduce en seguir sin pagar ninguna indemnización ni atender a ninguna medida como las que en los últimos meses han dictado instancias como el Tribunal Superior de Londres o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.
Según apuntan especializadas en litigios internacionales de este tipo, esta posición de no pagar y dilatar los procesos todo lo posible es bastante infrecuente. Lo que sí lo es que los países terminen liquidando las deudas que, como está sucediendo con España a cuentagotas, les reconocen los tribunales, dando por zanjados unos procedimientos que, según las mismas fuentes, no terminan tan fácilmente, provocan una escalada de la presión por parte de las empresas acreedoras y, a su vez, situaciones embarazosas para los estados, que en último término hacen frente a tener que desprenderse de propiedades públicas, en el caso en el que lleguen a prosperar órdenes de embargo como la que el año pasado dictó ya un tribunal de Londres.
El embargo del Instituto Cervantes
En agosto del año pasado, el tribunal londinense dictó una orden provisional de embargo del una de las sedes del Instituto Cervantes en la capital británica en pago por la deuda de 120 millones reconocida a dos inversores internacionales, uno alemán y otro luxemburgués, por el perjuicio que supuso el llamado impuesto al sol a la rentabilidad que habían previsto en 2008 cuando proyectaron el parque fotovoltaico Andasol, en Granada.
Más recientemente, la última sentencia de la que se tiene constancia fue notificada por el CIADI el pasado enero, cuando condenó a España al pago de 300 millones a la empresa alemana E.On, también por el recorte de las retribuciones por su inversión en energía renovable.
Un total de 26 laudos contrarios a España
De momento, hasta 26 de 52 laudos han sido contrarios para España, pero el Gobierno mantiene una posición que consiste en no pagar las indemnizaciones que se le requieren y en alargar los procesos pidiendo la nulidad o incluso recurriendo a la Comisión Europea. En este caso, España alega que estos pagos podrían ser contrarios al Derecho de la UE porque podrían ser ayudas de Estado que deben ser aprobadas por Bruselas, que tampoco se pronuncia sobre esta cuestión.
En el último fallo conocido, el del CIADI, la Abogacía del Estado solicitó en mayo la nulidad dejando así en suspenso la decisión de la corte arbitral e impidiendo a E.ON acudir a tribunales extranjeros para que se les reconozca la sentencia y reclamar a España el pago de los 300 millones o, en su defecto, el embargo de bienes españoles.
Deja una respuesta