En un giro inesperado, el Gobierno español ha decidido excluir a la comunidad autónoma de Andalucía de las negociaciones sobre el futuro del Peñón de Gibraltar, un tema de gran trascendencia para la región. Esta decisión ha generado gran controversia entre los líderes políticos y sociales de la zona. Como condición para cualquier acuerdo, el Gobierno español ha establecido que el Campo de Gibraltar no podrá disponer de un estatuto fiscal propio, lo que ha generado inquietud entre los habitantes de la región. Esta medida ha sido vista como un golpe a la autonomía de la región y ha generado un debate político en torno a la gestión del Peñón de Gibraltar.
Gobierno español excluye a Andalucía de negociaciones sobre el futuro de Gibraltar
La Junta de Andalucía ha calificado de superficial la reunión mantenida en Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, sobre las negociaciones que los gobiernos de España y el Reino Unido mantienen abiertas en relación con Gibraltar tras el brexit.
El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, que acudió en representación de la Junta al encuentro, lamentó que desde hace dos años no se habían producido contactos a este nivel y en el de ayer, dijo, hubo falta de concreción y de profundidad en la información que el ministro les trasladó, a pesar de la importancia de lo que se está negociando.
Es una oportunidad única y la Junta, desde la lealtad y la responsabilidad y con la mano tendida, quiere un acuerdo, pero no cualquier acuerdo ni uno que se haga de espaldas a los campogibraltareños.
El consejero esgrimió el artículo 240 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, una ley orgánica que debe ser cumplida y que nos otorga capacidad para poder participar en las negociaciones en relación con cuestiones que nos afectan directamente.
Así, Sanz cuestionó por qué Gibraltar, que no es un Estado soberano, participa invitado por su Gobierno y el de España no invita a la Junta de Andalucía, cosa que sí ocurría en etapas anteriores.
La respuesta estatal, lamentó Sanz, ha sido desfavorable. Pese a ello, Andalucía ha propuesto la creación de una mesa interadministrativa donde todas las administraciones nos podamos comprometer, asumir la importante oportunidad que tenemos por delante y sigamos manteniendo un contacto y un trabajo potente para defender la comarca y que este no sea cualquier acuerdo, sino una oportunidad histórica de impulso y progreso.
Reclamaciones de la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía tiene varias reivindicaciones para poner sobre la mesa de la negociación, orientadas todas al impulso económico y social del Campo de Gibraltar, una comarca de ocho municipios donde residen unas 300.000 personas, y a la reducción de la brecha social, económica y fiscal entre la comarca y el Peñón.
Entre ellas, la Junta ha reclamado al Gobierno un estatuto fiscal propio para la zona, como ya lo tienen las islas o Ceuta y Melilla.
El consejero Sanz argumentó que si finalmente se suprime la verja y se permite la libre circulación de personas y mercancías, como se prevé, es imposible que la comarca campogribraltareña pueda competir en igualdad de condiciones cuando la colonia británica tiene un 10% de impuesto de sociedades y España tiene un 25%.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, también reclamó que el Gobierno de España reconozca la singularidad del Campo de Gibraltar y aludió a las diferencias de renta per cápita entre ambos territorios, toda vez que esta es en la colonia británica de unos 90.000 euros frente a los 11.000 euros de un ciudadano de La Línea de la Concepción.
El ministro, por su parte, informó a los asistentes a la reunión de que las negociaciones avanzan, aunque aún no hay fecha para cerrar el acuerdo, en el que se está abordando la eliminación de la verja y el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar. Albares además garantizó la defensa de los 15.000 trabajadores transfronterizos españoles.
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