El Gobierno espera una colaboración efectiva en la investigación sobre Ábalos después de que la UCO solicite su imputación.
En un giro significativo en el caso que involucra al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, el Gobierno ha manifestado su expectativa de una colaboración efectiva con las autoridades competentes en la investigación que se lleva a cabo en torno a las presuntas irregularidades cometidas por el político. Esta declaración se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) solicitara la imputación de Ábalos, lo que supone un paso importante en el proceso de esclarecimiento de los hechos. El Ejecutivo ha reiterado su compromiso con la transparencia y la justicia, y ha llamado a todas las partes involucradas a colaborar para llegar al fondo de la cuestión.
Moncloa pide colaboración en investigación sobre Ábalos tras petición de la UCO
El Gobierno ha mostrado cautela ante la petición del juez del caso Koldo, Ismael Moreno, a la Presidencia del Congreso de los Diputados de la certificación de José Luis Ábalos como diputado, un paso previo a una posible imputación. Al respecto, fuentes gubernamentales se limitan a llamar a la colaboración de los supuestos implicados y a que se hagan las investigaciones pertinentes.
El juez ha hecho esta petición tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que atribuye al exministro un papel relevante en la trama. El escrito dice que se debería investigar qué relación tendría el exministro con la organización criminal y los hechos investigados. Se requeriría iniciar una investigación sobre esa persona, actualmente aforada, señala la Guardia Civil.
La reacción del Gobierno
Hemos tenido conocimiento de la comunicación del Congreso y no podemos decir más, se ha limitado a decir el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una rueda de prensa desde Moncloa en el marco de las reuniones de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. Torres también ha aprovechado para cargar contra el PP por no querer prorrogar las comisiones de investigación sobre este asunto en el Congreso.
Es muy exigente donde tiene mayorías -en el Senado-, pero da la espalda en el congreso y en los parlamentos autonómicos. ¿Por qué tienen miedo que se abran comisiones de investigación en Madrid o en Galicia? ¿Por qué han impedido prorrogar la comisión de investigación en el Congreso?, ha apuntado.
El caso Koldo
La investigación gira en torno a los contratos que firmaron distintas administraciones públicas para que la empresa Soluciones de Gestión les suministrara mascarillas durante la pandemia, en un proceso de compraventa en el que se obtuvieron presuntas comisiones irregulares. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional asumió desde su inicio la causa contra esta presunta trama corrupta, cuyo epicentro sitúa en el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos cuando se produjeron los hechos, en 2020.
El informe de la UCO
Según informa Europa Press, el informe de la UCO mencionado por Moreno en su resolución señala que la enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García), (Víctor) Aldama y la organización criminal dinamizada por este último.
En la misma providencia en la que Ismael Moreno solicita al Congreso la acreditación de Ábalos, a la que ha tenido acceso 20minutos, el instructor solicita dar traslado a la Fiscalía del citado documento de la UCO para que informe lo que estime procedente en Derecho.
Además de este informe, el pasado 4 de octubre la UCO remitió a la Audiencia Nacional otro escrito repleto de pruebas extraídas de mensajes y conversaciones telefónicas intervenidas a los investigados. En los 86 folios del documento se revelan varias cuestiones que ponen al exministro de Transportes en una situación delicada.
La condición de aforado
Al tratarse de un miembro de las Cortes, José Luis Ábalos goza de la condición de aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esto implica que únicamente ese tribunal puede investigarlo, de forma que para que esto ocurra la Audiencia Nacional debería elevar al Supremo una exposición razonada en la que justifique la existencia de indicios suficientes.
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