El Govern apela la decisión que suspendió el decreto que fija al catalán como lengua vehicular en la escuela pública

El Govern apela la decisión que suspendió el decreto que fija al catalán como lengua vehicular en la escuela pública

En un giro inesperado, el Govern de la Generalitat de Cataluña ha decidido apelar la sentencia que suspendió el decreto que establecía el catalán como lengua vehicular en la escuela pública. Esta medida, que había sido aprobada por el ejecutivo catalán, buscaba reforzar la presencia del catalán en el sistema educativo y garantizar su uso como lengua de enseñanza en las aulas. Sin embargo, la justicia había detenido su aplicación argumentando que violaba el derecho a la educación de los estudiantes y la libertad de elección de los padres. Ahora, el Govern busca revertir esta decisión y asegurar el predominio del catalán en la educación pública.

El Govern apela la suspensión del decreto que fija el catalán como lengua vehicular en la escuela pública

El Govern ha interpuesto un recurso contra la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que suspende cautelarmente el decreto de régimen lingüístico que blinda el catalán como lengua vehicular en la escuela.

Este decreto, aprobado el 14 de mayo, establece que el catalán es la lengua normalmente empleada como vehicular en la escuela pública. Sin embargo, la Asamblea para una Escuela Bilingüe pidió la suspensión cautelar del mismo.

En el escrito presentado por el ejecutivo catalán, se argumenta que no hay motivos para dictar medidas cautelares porque el decreto no supone un daño real y efectivo al alumnado. Además, se recuerda al TSJC que la adopción de medidas cautelares tiene que ser especialmente restrictiva en la hora de suspender disposiciones de carácter general, como la norma impugnada, que despliega normas plenamente vigentes como la Ley de Educación de Cataluña, el Decreto Ley 6/2022 o la Ley 8/2022.

El Govern se muestra plenamente convencido de la legalidad del Decreto 91/2024 y asegura que la suspensión cautelar no supone ningún problema respecto a la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros. Según dicen, se trata de un procedimiento recogido en el Decreto Ley 6/2022 y que el Departamento de Educación seguirá llevando a cabo, tal y como queda reflejado en los documentos de gestión de centro que contienen las instrucciones pedagógicas de inicio del curso 2024-2025.

Por último, el ejecutivo también se manifiesta contrario a la suspensión cautelar del decreto entero cuando, en todo caso, considera que las medidas cautelares se hubieran podido limitar en los artículos donde el tribunal apreciara vulneraciones de derechos.