El juez demanda la imputación de Ábalos por posible negociación con la empresa, según auditoría de Óscar Puente
En un nuevo giro inesperado en el caso que involucra al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, el juez encargado de la investigación ha solicitado la imputación del político por posible negociación ilícita con una empresa privada. Esta decisión se basa en los resultados de la auditoría realizada por el experto Óscar Puente, quien encontró evidencias que sugieren que Ábalos podría haber mantenido conversaciones con representantes de la empresa en cuestión, lo que podría constituir un delito. El caso sigue generando gran interés y polémica en el ámbito político y social, y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevos avances en la investigación.
Juez pide imputar a Ábalos por posible negociación con empresa en caso Koldo
Este miércoles, el Tribunal Supremo recibió un documento que marcará el futuro judicial de José Luis Ábalos. Se trata de un escrito del juez Ismael Moreno, quien investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, en el que relata el supuesto papel principal del exministro en la presunta corruptela y pide al alto tribunal que lo impute.
La exposición razonada se apoya en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como en la auditoría encargada por el ministro Óscar Puente cuando la trama salió a la luz. Este informe ha servido al juez para afirmar que Ábalos podría haber sido quien contactara y negociara con Soluciones de Gestión, la empresa central de la presunta trama.
La gestión de los contratos de compraventa de mascarillas
La gestión de los contratos de compraventa de mascarillas con esta empresa es el principal pilar de la causa que hasta ahora se ha investigado en la Audiencia Nacional. También integra el grueso de la exposición razonada con la que el juez Moreno solicita al Tribunal Supremo, el único con competencia para hacerlo, que impute a José Luis Ábalos.
El ministro de Transportes estuvo vinculado con estas operaciones desde que se firmó el primer contrato, una adjudicación de Puertos del Estado (dependiente del ministerio) a la principal empresa de la trama, Soluciones de Gestión, por valor de 24,5 millones de euros. El 20 de marzo de 2020, Ábalos firmó una orden ministerial para regular la adquisición y distribución de mascarillas por vía de urgencia. Al día siguiente, la empresa del caso Koldo firmó aquel primer contrato.
Tal y como recoge el escrito de Ismael Moreno, Soluciones de Gestión había firmado días antes, el 16 de marzo de 2020, un contrato de prestación de servicios donde se evidenciaba que ya conocían esta necesidad de adquisición de material sanitario por parte de Puertos del Estado.
Indicios de corrupción
Tal y como apunta el instructor, hay indicios de que Víctor de Aldama, comisionista y personaje central de la trama, conocía de manera anticipada de las necesidades del Ministerio de Transportes. Más aún, Aldama se valió de este conocimiento para proveer de material sanitario a varios entes dependientes del ministerio, y esto le reportó un beneficio económico de 6,6 millones de euros.
La auditoría interna encargada por el ministro Óscar Puente destaca que el entonces ministro o su gabinete contactaron con Soluciones de Gestión, y que las negociaciones con la empresa Soluciones de Gestión, así como la modificación del objeto de la emergencia, que finalmente coincide con lo ofertado por la empresa, se realizaron a nivel ministro y gabinete del ministro.
El propio ministro Óscar Puente explicó este asunto en el Senado horas antes de que la auditoría se hiciera pública. Detalló que al comienzo de la pandemia, el ministerio iba a adquirir cuatro millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, pero 38 minutos después la cifra aumentó a ocho millones.
El Ministerio de Transportes, ante esa tesitura, no realizó una búsqueda de otros proveedores de mascarillas, sino que cambió el contrato para adaptarlo a la oferta de Soluciones de Gestión. Además, la auditoría apunta a un segundo contrato, firmado seis días después de aprobarse el primero, por el que el ministerio compró otros cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión.
Imputación de Ábalos
Antes de realizar esta adjudicación, el Ministerio de Transportes no realizó ningún estudio de necesidades que venga a justificar la adquisición de las mascarillas. La auditoría destaca también que en esta segunda compra sí hubo otras empresas ofertantes, algunas con precios más bajos que la finalmente elegida.
Pero el Ministerio de Transportes adjudicó el contrato a Soluciones de Gestión y, según apuntan los indicios, la decisión la tomó el propio Ábalos. Ahora, el juez Moreno solicita al Tribunal Supremo que impute al exministro por su posible implicación en la trama de corrupción.
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