En un movimiento sin precedentes, el Partido Popular ha decidido lanzar una ofensiva judicial contra el Gobierno por no convocar una Conferencia de Presidentes, una instancia política que reúne a los líderes autonómicos y estatales para abordar temas de interés común. Según el partido de la oposición, esta omisión vulnera directamente la Constitución, ya que establece que el Gobierno debe convocar esta reunión para mantener informados a los presidentes autonómicos sobre la política estatal. El PP considera que esta falta de diálogo y coordinación entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas está generando un vacío de poder y una falta de transparencia en la toma de decisiones, lo que a su juicio, pone en peligro la estabilidad del Estado.
El PP lanza ofensiva judicial contra el Gobierno por no convocar Conferencia de Presidentes en dos años
Diez Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han decidido acudir al Tribunal Supremo para obligar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar la Conferencia de Presidentes, órgano que no se ha reunido en dos años y cuatro meses.
La Conferencia de Presidentes es el máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y su función es debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales, así como sobre los asuntos de importancia relevante para el Estado de las autonomías.
La petición de convocatoria
Las peticiones de convocatoria por parte de las autonomías han sido frecuentes en estos casi treinta meses de paréntesis. De hecho, catorce regiones emitieron una reclamación conjunta en noviembre de 2023 y en abril de 2024 para debatir con el Ejecutivo central asuntos como la inmigración, la falta de médicos o la política del agua.
La Comunidad de Madrid ha presentado formalmente un recurso Contencioso Administrativo en el Tribunal Supremo (TS) contra Sánchez por no convocar la reunión en más de dos años, mientras que el Gobierno se ha defendido anunciando una convocatoria para septiembre.
El argumento del PP
Los gobiernos autonómicos del PP de Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Madrid, Extremadura, Andalucía y Cantabria acuden al Alto Tribunal porque se han hartado de las promesas de convocatorias incumplidas, según indicó la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.
Gamarra defiende la utilidad de la Conferencia de Presidentes para hablar sobre las políticas que hay que coordinar y acusa al jefe del Ejecutivo de bloquear cualquier instrumento de cooperación y de colaboración. Por eso, desde Génova ven lógico el recurso al Supremo y creen que los barones autonómicos están haciendo una defensa del modelo autonómico y del normal funcionamiento del Estado de las autonomías.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno central no ve necesaria la inmediatez exigida por los populares y opta por una reunión de los presidentes en septiembre. Como justificación por no haberla convocado antes, Moncloa se escuda en las reuniones sectoriales específicas convocadas por los ministerios.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, pone el foco en la gestión de la crisis migratoria y destaca que, ante las peticiones del PP de crear un consenso para este asunto, el Gobierno convocó una Conferencia Sectorial de la Inmigración -celebrada este lunes-, bajo la coordinación de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Alegría pone el acento en que el PP cogobierna en Canarias y gobierna en Ceuta y Melilla y presume de haber estado involucrados desde el inicio en dar una respuesta al reto migratorio. De hecho, la portavoz critica la falta de solidaridad, humanidad y responsabilidad del PP y asegura que la solución al problema habría sido apoyar la toma en consideración de la reforma de la ley de Extranjería, una norma reveladora tanto en forma como en fondo, que recibió el 'no' de los populares.
La función de la Conferencia de Presidentes
La Conferencia de Presidentes se fundó hace dos décadas con objeto de reunir a los líderes de las 17 Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales y sobre los asuntos de importancia relevante para el Estado de las autonomías.
Durante los últimos veinte años, las Conferencias de Presidentes han abordado materias de especial trascendencia como la participación de las regiones en asuntos europeos en 2004, la mejora de la financiación de la asistencia sanitaria en 2004 y 2005, la creación de Conferencias Sectoriales de Agua e Inmigración y de una Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología en 2007 o un marco de colaboración contra la violencia de género en 2009.
La Conferencia de Presidentes es un órgano fundamental para la coordinación y cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y su ausencia en los últimos dos años y cuatro meses ha generado un vacío en la toma de decisiones y en la respuesta a los problemas que afectan a toda España.
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