El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amplía la querella por prevaricación contra el juez José Antonio Peinado en el caso de Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amplía la querella por prevaricación contra el juez José Antonio Peinado en el caso de Begoña Gómez

En un giro inesperado en el caso de Begoña Gómez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido ampliar la querella por prevaricación contra el juez José Antonio Peinado. Esta medida se produce después de que el juez Peinado fuera acusado de prevaricación por su presunta implicación en la tramitación irregular del caso de la exconsejera de Familia e Igualdad de la Comunidad de Madrid, Begoña Gómez. La ampliación de la querella supone un nuevo capítulo en este caso que ha generado un gran impacto político y social en España.

Pedro Sánchez amplía la querella contra el juez Peinado por prevaricación en el caso de su esposa Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado en la causa que instruye contra su esposa, Begoña Gómez, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según la información publicada por El País, la Abogacía General del Estado presentó el jueves un escrito en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que solicita ampliar la querella por prevaricación judicial que interpuso contra el juez porque considera que practica una injusticia intrínseca y realiza interpretaciones forzadas o artificiosas.

El presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar

El pasado 30 de julio, el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias e inmediatamente interpuso una querella contra el magistrado, Juan Carlos Peinado, por prevaricación.

Sánchez ratificó que la investigada es su mujer y que, por tanto, se acogía a su dispensa a no declarar en contra de ella, como le permite la ley.

La querella contra el juez Peinado

Poco después, la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno, que ostenta Sánchez, presentó una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Peinado por un presunto delito de prevaricación judicial.

La querella pedía al TSJM que investigue al magistrado al considerar que dictó a sabiendas varias resoluciones injustas y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a convicciones propias que se apartan de su deber investigador.

Defensa de la querella

Al día siguiente, el presidente del Gobierno defendió la querella por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado porque se han atropellado derechos reconocidos a la institución de la Presidencia del Gobierno desde 1886.

Sánchez tachó de montaje la sucedido cuando Peinado acudió a la Moncloa para tomarle declaración como testigo, y calificó de absolutamente patético y bochornoso ver a las asociaciones ultraderechistas -Vox, Manos Limpias y Hazte Oír- pelearse, por ver quién accedía al Palacio.

Begoña Gómez se querelló contra el juez Peinado

Tres días después de esta querella, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, también se querelló por presunta prevaricación contra el juez que la investiga al considerar que ha adoptado decisiones arbitrarias y manifiestamente injustas y ha forzado las normas en una instrucción perversa.

El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.

El pasado 22 de agosto, el juez Juan Carlos Peinado dijo en una providencia que se pueden sacar conclusiones del silencio del líder del Ejecutivo cuando se negó a declarar ante él en Moncloa como testigo.

Dijo que su silencio es legítimo pero que, como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal.