El Senado, vencido: un precedente de 1995 impide al PP y a Vox bloquear la ley que beneficia a 44 etarras

El Senado, vencido: un precedente de 1995 impide al PP y a Vox bloquear la ley que beneficia a 44 etarras

En un golpe político inesperado, el Senado ha visto frustrados sus intentos de bloquear la ley que busca beneficiar a 44 presos de la organización terrorista ETA. Gracias a un precedente de 1995, el proyecto de ley ha podido superar el obstáculo que representaban los votos en contra del Partido Popular y Vox. Esta normativa, que ha generado controversia y debate en el ámbito político, permitirá la rebaja de condena para los presos etarras que han cumplido con los requisitos establecidos. La victoria del Gobierno en este asunto supone un importante avance en la política penitenciaria y un paso hacia la reconciliación nacional.

Senado, vencido: PP y Vox no pueden bloquear ley que beneficia a etarras

El Senado no podrá bloquear la ley que permitirá a 44 presos etarras conmutar los años que hayan pasado en prisión en otros países, lo que les permitirá acortar el tiempo de condena que les queda en España y salir antes de la cárcel. La norma entrará en vigor, como tarde, la semana que viene.

El descuido de PP y Vox con la reforma legal ha impedido que presenten un veto a tiempo, lo que significa que la figura parlamentaria que sirve para intentar derribar un texto no podrá ser utilizada. La medida ya está virtualmente aprobada y no hay marcha atrás.

Un caso inhabitual en la historia del parlamentarismo español

La situación es verdaderamente extraña e inhabitual en la historia del parlamentarismo en España, al menos desde la restauración de la democracia. El Senado, según establece la Constitución, no tiene capacidad de derribar definitivamente una ley emanada del Congreso de los Diputados; todo lo más que puede hacer es enmendarla o vetarla.

La Cámara Alta sí tiene la capacidad de retrasar las iniciativas legislativas que aprueba el Congreso, y de hecho lo hace, puesto que el PP utiliza la mayoría absoluta con la que cuenta en esa institución para dilatar la puesta en marcha de las medidas que saca adelante la mayoría progresista y nacionalista que apoya al Gobierno.

El veto, una figura parlamentaria

El veto es la figura que sirve a la Cámara Alta para expresar su desacuerdo con una norma que le llega del Congreso, aunque no es definitiva: si el Senado veta una ley, esta vuelve a la Cámara Baja, y esa institución puede levantar el veto y aprobar definitivamente el texto sin que los senadores puedan mover ni una coma.

El efecto práctico de ese trámite es que las iniciativas que al PP no le gustan tardan más en entrar en vigor, ya que el Senado puede retener dos meses las normas que le envía el Congreso y, además, reenviárselas con su voto en contra.

Un precedente de 1995

El problema en esta ocasión es que el descuido de PP y Vox al apoyar la ley en el Congreso también se ha reproducido en el Senado. Ni los populares ni la formación ultraderechista han presentado vetos a la norma, y el plazo para ello ya ha terminado.

La situación se asemeja a un precedente de 1995, cuando el PP sí presentó una propuesta de veto a una proposición de ley para declarar reserva natural las salinas de Ibiza (Ses Salines). En ese caso, el Congreso decidió dar por aprobada definitivamente la ley y publicarla en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin votarla de nuevo, pese a que el Senado se había opuesto a la misma.

El Tribunal Constitucional, en 2002, dio por bueno el proceder del Congreso y estableció que, si el Senado no aprueba un veto —o si no se presenta ninguno, como en el caso de la ley que beneficia a presos etarras—, pierde su oportunidad de bloquear una norma.

La sentencia establece que la Constitución solo otorga al Senado dos poderes en el procedimiento legislativo ordinario ante una ley que le llega del Congreso: el de vetarla o el de enmendarla. Y, ante una situación en la que queda rechazado un veto —o este no existe, como en el caso actual— y en el que tampoco se introdujeran enmiendas en el texto del Congreso, no se cumplen los presupuestos constitucionales para la nueva lectura en el Congreso.

Por ende, esa ley de 1995 quedó aprobada correctamente sin ser votada de nuevo por la Cámara Baja. Lo mismo que, según la jurisprudencia, debería ocurrir con la norma que beneficia a los presos etarras.