El Supremo Tribunal Constitucional recibiría a examen la ley de amnistía por considerar que viola el derecho a la igualdad y el principio de seguridad

El Supremo Tribunal Constitucional recibiría a examen la ley de amnistía por considerar que viola el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.

En un giro inesperado, el máximo órgano jurisdiccional del país ha decidido someter a examen la polémica ley de amnistía, que ha generado un gran debate en el seno de la sociedad. Según fuentes cercanas al Tribunal, la decisión se debe a que la ley vulnera el derecho a la igualdad y atenta contra el principio de seguridad jurídica, dos de los pilares fundamentales del Estado de derecho. La posible inconstitucionalidad de la norma ha sido denunciada por various sectores sociales y políticos, que consideran que la amnistía beneficia únicamente a determinados grupos y no se ajusta a los estándares de justicia y equidad.

El Supremo Tribunal Constitucional examinará la ley de amnistía por violar el derecho a la igualdad y seguridad jurídica

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado promover cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley de Amnistía, al considerar que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución española proclama.

Según el auto, la norma cuestionada repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone. Además, se considera que el sistema constitucional se sustituye por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable, contraviniendo también el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democrática, con el efecto añadido de introducir una suerte de factor criminógeno.

La Sala ha tomado esta decisión al examinar el recurso de un condenado por delito de desórdenes públicos agravados, cometidos en Girona en octubre de 2019, tras la publicación de la sentencia del Supremo sobre la causa del procés.

No estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado. Son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo, --no tan fácil de conseguir y preservar como la perezosa costumbre suele hacernos creer--, los que están aquí en cuestión, apunta el órgano judicial.

El Tribunal considera que la norma cuestionada transgrede los límites constitucionales y afirma que no alberga duda alguna acerca de la inconstitucionalidad de la norma cuestionada: No presentamos una duda, en el genuino sentido del término, interesando que la misma pueda ser despejada. Tenemos la absoluta convicción de que la norma cuestionada vulnera, al menos, los preceptos constitucionales que se dirá.

La Sala destaca que diferente, -y plenamente razonable en la estructura constitucional cuya protección a todos nos concierne-, es que nuestro criterio, correcto o errado, no resulte decisivo. Es en exclusiva al Tribunal Constitucional a quien corresponde pronunciarse con eficacia al respecto.

No nos entretendremos aquí en destacar que no fue, precisamente, la tensión institucional la que dio lugar a la intervención de la Justicia. Esta se produjo, por lo que al orden jurisdiccional penal respecta, como consecuencia de la comisión de diversos delitos, de variable gravedad, cometidos, muchos de ellos, precisamente por quienes, en su condición de autoridades o funcionarios públicos, más obligados venían al cumplimiento de la Constitución y las leyes, concluye el auto.