España aumenta la carga de laudos impagos por reducir subvenciones a energía renovable en casi 1.900 millones de euros
En un nuevo golpe a la transición energética, España registra un aumento significativo en la carga de laudos impagos debido a la drástica reducción de subvenciones a la energía renovable. Según las últimas cifras, esta disminución en el apoyo financiero al sector ha generado una deuda pendiente de pago de cerca de 1.900 millones de euros. Esta decisión gubernamental ha generado polémica y preocupación en el sector, ya que se considera un retroceso en el camino hacia una energía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. A continuación, se analizarán los detalles de esta medida y sus implicaciones en el sector energético español.
La retirada de subvenciones a energía renovable deja a España con una deuda de 1.900 millones euros
El Estado español se enfrenta a una crisis de impagos por la reducción de subvenciones a energía renovable, lo que ha llevado a una factura de 1.900 millones euros. La última derrota del país se produjo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde el tribunal de arbitraje del Banco Mundial reconoció a la italiana Renergy una indemnización de 32,9 millones de euros.
La denuncia original de Renergy se produjo en 2014, y la empresa ha sufrido una espera de diez años tras experimentar una situación de manifiesta inseguridad jurídica, al ver cómo se alteraban las reglas de juego en mitad del partido y las primas renovables eran retiradas con efectos retroactivos.
La factura total a favor de los inversores es de 1.562 millones, a la que hay sumar otros 318 millones en concepto de condenas en costas, intereses de demora, honorarios de abogados y consultores contratados por la Abogacía del Estado, etc. En total, la factura alcanza los 1.880 millones de euros y se incrementa a un ritmo cercano a los 100.000 euros diarios.
Las empresas afectadas han iniciado el registro de los laudos en terceros países, donde han pedido a la justicia que intervenga y tome medidas a su favor. En el Reino Unido, los tribunales han respaldado a los afectados y han autorizado ya numerosos embargos de bienes españoles.
En Londres, la justicia ha autorizado cautelarmente la intervención de la sede del Instituto Cervantes, el edificio que ocupa el organismo económico de la Generalitat de Cataluña y el inmueble y la propiedad donde se ubica la Escuela Internacional Vicente Cañadas. Además, los tribunales de Gran Bretaña han embargado el usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, donde controla el 51% de la operativa.
También se han incautado cuatro cuentas de banco y el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, un pago de más de 900 millones de euros.
¿Habrá pacto con el Gobierno? Las empresas afectadas han ofrecido un pacto al Gobierno para reinvertir en España las indemnizaciones y poner así fin a la litigiosidad. La propuesta cuenta con el visto bueno de gran parte de las empresas que están pendiente de cobro.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que el Reino de España se defenderá con las medidas oportunas. Hasta la fecha, el Estado ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado -más de 10.500 millones de euros- por los inversores internacionales por el recorte de las renovables.
Las mismas fuentes subrayan que las reclamaciones obedecen a la reducción de la rentabilidad aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2013 para la mayoría de las instalaciones renovables en régimen regulado para atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico, junto a otras políticas lesivas para las renovables, como el 'impuesto al sol'.
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