La batalla contra 4 aerogeneradores en Galicia llega a la Unión Europea y pone en peligro cientos de parques renovables en España

La batalla contra 4 aerogeneradores en Galicia llega a la Unión Europea y pone en peligro cientos de parques renovables en España

En un giro inesperado, la controversia en torno a la instalación de 4 aerogeneradores en Galicia ha llegado a la Unión Europea, donde se debatirá la legalidad de este proyecto. La disputa, que inicialmente parecía circunscrita a la región gallega, ha tomado un cariz más amplio, ya que la sentencia que se dicte puede tener consecuencias graves para la industria de las energías renovables en España. De hecho, se estima que cientos de parques renovables en todo el país podrían verse afectados negativamente si se falla en contra de los aerogeneradores en cuestión.

La batalla judicial contra cuatro aerogeneradores en Galicia pone en peligro cientos de parques renovables en España

Una protesta contra la instalación de cuatro aerogeneradores en el término municipal de Mazaricos (A Coruña) puede poner en riesgo la tramitación de cientos de parques de energía renovable en toda España, así como otros proyectos tan diversos como la construcción de carreteras, de líneas de ferrocarril o de piscifactorías.

Todos podrían quedar paralizados si el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) da la razón a una asociación ambientalista que lleva años pleiteando contra un proyecto de parque eólico llamado A Ruña III, que de momento ha supuesto la paralización de otro centenar en Galicia y ha escalado a instancias europeas en un contencioso que el sector renovable y el propio Ministerio de Transición Ecológica contemplan con los dedos cruzados.

La Unión Europea se entromete en la disputa sobre la instalación de aerogeneradores en Galicia

El origen de este posible efecto dominó está en un recurso judicial de 2022 contra una decisión administrativa y el fondo tiene que ver con la regulación referente a la participación pública en la autorización de proyectos renovables y en la regulación relativa a las declaraciones de impacto ambiental.

Es precisamente esto lo que en estos momentos está examinando el Tribunal de Justicia de la UE, si la legislación gallega y la estatal están en línea con la normativa europea.

La paralización de proyectos renovables en España pone en riesgo el cumplimiento de objetivos energéticos

El sector renovable calcula que la respuesta de Luxemburgo podría tardar hasta dos años, un tiempo durante el que permanecerán paralizados los proyectos gallegos y que podría ser suficiente para, en el peor de los casos que contempla el sector y el Gobierno, para paralizar hasta 282 nuevos parques eólicos y fotovoltaicos que en julio de este año obtuvieron autorización para empezar su construcción después de obtener una declaración de impacto ambiental bajo la ley de 2023 que ahora queda en entredicho.

La ley les da hasta tres años para empezar a funcionar y antes podría llegar un pronunciamiento del TUE eventualmente contrario a las normas con las que obtuvieron luz verde ambiental.

La asociación ambientalista Petón do Lobo puede paralizar la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos en toda España

La asociación Petón do Lobo, calificada como ambiental y cultural en su web, o negacionista por el sector eólico, ha llevado a cabo una serie de recursos judiciales contra la autorización de proyectos renovables en Galicia.

En junio de 2022, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Galicia el silencio administrativo que la Xunta había arrojado sobre su impugnación del proceso de autorización administrativa del parque A Ruña III.

Alegaba que, como parte afectada como reconoce la ley a asociaciones como la suya, no se les habían facilitado los informes sectoriales en materia de agua, bosques o patrimonio natural y cultural, turismo, salud o seguridad aérea sobre el proyecto.

Consideraban que la Xunta estaba incumpliendo la norma europea que les reconoce como parte afectada y les habilita para participar en el proceso mediante una consulta pública para la que denuncian que no contaron con todos los elementos de juicio.

No hemos tenido acceso a los informes sectoriales, las asociaciones también somos público interesado y tenemos derecho a ser consultados, explica la abogada de la asociación.

Este caso puede tener consecuencias para la generación de electricidad verde en España en las próximas décadas, y también para cualquier otro proyecto que se encuentre en tramitación y que igualmente requiera una declaración de impacto ambiental.

El sector renovable ve con preocupación esta situación y considera que la respuesta del TUE podría ser terrible y crear muchísima incertidumbre.