En un esfuerzo por abordar la creciente demanda de vivienda temporal en la ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona ha tomado la decisión de restringir la estancia en alojamientos temporales de emergencia a un plazo máximo de seis meses. Esta medida, que entrará en vigor en breve, busca regularizar la oferta de viviendas temporales en la ciudad y evitar la especulación inmobiliaria. Según fuentes del consistorio, la restricción pretende frenar el crecimiento descontrolado de este tipo de alojamientos, que han ido en aumento en los últimos años. La medida tendrá un impacto directo en los inquilinos y propietarios de estos establecimientos, que deberán adaptarse a los nuevos límites establecidos.
Barcelona establece límite de seis meses para estancia en alojamientos de emergencia
El Ayuntamiento de Barcelona está trabajando en un nuevo sistema de gestión de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) que contempla limitar su estancia en estos recursos a seis meses, según ha avanzado Nació Digital y han confirmado fuentes municipales. El consistorio ha defendido que es una periodicidad orientativa porque la acción social no son matemáticas.
La medida se aplicará de forma progresiva, mantendrá el abordaje de las situaciones que presenten factores de vulnerabilidad e introducirá nuevas formas de atención y ayudas para promover la autonomía de los individuos. Todo ello después de que en los últimos años el gasto municipal por hacer frente a esta problemática se haya incrementado notablemente, situándose en 2023 en los 34 millones de euros.
Un gasto creciente
El consistorio ha recordado que este gasto se ha afrontado siempre en solitario y que en ningún caso ha recibido apoyo por parte del Govern. De acuerdo con los datos facilitados por el consistorio, en 2023 los ATU, la mayoría de los cuales son hostales, alojaron una media mensual de 3.000 personas. Esta cifra es bastante mayor que la de 2022, cuando se calcula que cada mes había 2.300 ciudadanos haciendo uso de estos recursos y que la institución invirtió 27 millones. En cuanto a 2021, las cifras son aún menores, de forma que la media mensual de usuarios fue de 1.900 y el gasto de 21 millones de euros.
Un sistema insostenible
El gobierno de Jaume Collboni ha remarcado que el sistema actual no es sostenible ni da una respuesta adecuada a muchas de las situaciones, a menudo extremadamente complejas y que implican ámbitos competenciales ajenos al ayuntamiento como salud o extranjería.
Solución provisional Además, ha alertado de que uno de los principales problemas radica en que más de la mitad de las personas en el sistema de ATU llevan más de seis meses viviendo en estos. Este sistema que debía servir para proveer una solución provisional de primera acogida ha ido cambiando su naturaleza y muchas de las unidades familiares permanecen mucho más tiempo, ha explicado Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona.
Un nuevo enfoque
Para mejorar este acompañamiento y poder segmentar las diferentes situaciones que se dan lo que se está haciendo es trazar todo un circuito con tempos diferentes de acompañamiento social que ponen mucho énfasis en la posibilidad de ofrecer ayudas a las familias que puedan acceder a una vivienda por sus propios medios, lo que les da más autonomía, ha detallado Fuertes que ha concretado que se buscarán formas de atención que superen el mero alojamiento, y se adapten a las necesidades de cada persona o unidad familiar.
Además, ha indicado que se harán toda una serie de pasos y se definirá un Plan de trabajo adaptado a cada caso para consolidar esta independencia. De entrada, a las personas que se queden sin hogar se les ofrecerá una estancia en pensión de entre quince días y mes y medio, para que los servicios municipales exploren qué opciones tienen. Si existen factores de vulnerabilidad y las familias no tienen ninguna alternativa, se podrán realizar hasta tres renovaciones en períodos inferiores a dos meses.
Especial protección para personas vulnerables
Así, ha explicado que en todos aquellos casos de vulnerabilidad que excedan los seis meses, se creará una Mesa específica que analizará cada situación para evaluar su tratamiento social que debe llevarse a cabo a partir de entonces. Puede ocurrir que cuando se cumplan los seis meses aquella unidad familiar no haya podido desarrollar una autonomía ni con ayudas, ha comentado la responsable municipal, que ha dicho que en estos supuestos se les seguirá acompañando.
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