La Comisión Europea abre investigación a España por incumplimiento en la lucha contra la discriminación en contratos de interinos

La Comisión Europea abre investigación a España por incumplimiento en la lucha contra la discriminación en contratos de interinos

En un importante paso para garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, la Comisión Europea ha decidido abrir una investigación formal a España por incumplimiento de las normas comunitarias en la lucha contra la discriminación en los contratos de interinos. Según la Comisión, España no ha cumplido con su obligación de proteger a los trabajadores interinos de prácticas discriminatorias, como la discriminación por edad o la discriminación por género. Esta investigación tendrá como objetivo determinar si España ha vulnerado las normas de la Unión Europea en materia de no discriminación y igualdad de trato.

La UE abre investigación a España por discriminación en contratos de interinos

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no resolver las condiciones discriminatorias en la contratación de trabajadores interinos. Esta decisión se produce después de que el Gobierno español no haya incorporado correctamente la directiva europea que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contrato de duración determinada en la legislación nacional.

Según la Comisión Europea, la legislación española contiene condiciones de empleo menos favorables para los empleados interinos -con contrato de duración determinada- que trabajan en el sector público español en comparación con los empleados fijos. Esto se traduce en discriminación contraria al Derecho comunitario, ya que los empleados interinos tienen derechos de vacaciones y otros beneficios laborales menores que los empleados fijos.

La Comisión Europea ya había iniciado este procedimiento de infracción en 2014, pero aunque España ha modificado las normas desde entonces, persisten los problemas de discriminación. En su segunda carta de emplazamiento adicional, la Comisión advierte de deficiencias en las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales.

Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por el Ejecutivo comunitario. Si no se toman medidas para resolver la discriminación, la Comisión Europea podrá dar un ultimátum de dos meses para su aplicación antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Es importante destacar que esta investigación se produce en un contexto en el que Bruselas también critica la presión del Gobierno sobre los jueces y la falta de independencia de la figura del fiscal general. La Comisión Europea exige que España garantice la independencia del poder judicial y resuelva las deficiencias en la legislación laboral.